El plan AccesAR busca acompañar a los municipios en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de políticas locales que contribuyan a la construcción de espacios accesibles e inclusivos.

El objetivo es implementar medidas que eliminen de manera gradual y sistemática las barreras que impiden el acceso a instalaciones, bienes, servicios y tecnologías para así garantizar la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.

Sobre el nuevo Programa, el mandatario señaló que “con esto estamos dando un paso que tiende a poner justicia social allí donde se vio quebrada. Porque desamparar a alguien que tiene una discapacidad es un acto de injusticia y de inmoralidad y es una inconducta del que gobierna”.

En ese marco, el Presidente entregó la pensión no contributiva número 100.000, en lo que representa una política de restitución de este aporte del Estado a las personas con discapacidad en situación de mayor vulnerabilidad tras la quita y el congelamiento dispuesto por el gobierno anterior.

Entre 2016 y 2019, el porcentaje de denegatorias de pensiones creció de un 4 al 62 por ciento (6 de cada 10 pensiones eran denegadas) mediante criterios arbitrarios, restrictivos y una interpretación de la ley orientada a vulnerar derechos. En cambio, entre 2020 y 2021 se otorgaron 110.000 nuevas pensiones, además de devolverle su derecho a 40.000 personas con discapacidad.

“Desde el día que se fue Cristina hasta que yo llegué se cajonearon 145 mil solicitudes. Esto significa condenar a 145 mil personas a no acercarle a la posibilidad de estar mejor”, criticó el mandatario y reflexionó que “en todos los tiempos hubo quienes pensaron a la sociedad desde un lugar donde todos quedaran incluidos, y otros que la pensaban donde participaban algunos y otros quedaban al margen”.

En su exposición, el titular de la ANDIS, Fernando Galarraga, resaltó el compromiso del Gobierno nacional “para que las personas con discapacidad sean parte de nuestra agenda de gestión pública y para que todo el colectivo sea protagonista de su vida en forma autónoma, para disminuir las desigualdades y construir una sociedad con mayor inclusión”.

Precisó que “la Agencia invirtió 1.200 millones de pesos para impulsar programas para talleres protegidos, para municipalidades, para hogares y residencias de personas con discapacidad que encontraron un Estado que sostuvo y que comprende la realidad compleja que estamos atravesando”.