Inquietas por el avance de la inflación y la falta de repuestas a los planteos de larga data, las empresas de colectivos del interior iniciaron 2022 con un doble reclamo al Gobierno. Por un lado, piden instrumentar el esquema de la tarifa federal prometido hace más de dos años y, por el otro, buscan que el Estado garantice el desembolso de $ 12.000 millones de subsidios durante el primer trimestre para poder afrontar los mayores costos operativos y los aumentos salariales.

Por medio de una nota remitida al ministro de Transporte, el massista Alexis Guerrera, las líneas urbanas del interior del país advirtieron que “enfrentan una situación de incertidumbre con una ecuación económica distorsionada que requiere una inmediata y equitativa recomposición de los subsidios que permita sostener los costos mínimos que demanda la prestación de los servicios”.

A mediados de diciembre, las empresas provinciales y municipales de colectivos habían logrado incluir en el proyecto de Presupuesto 2022 una ayuda económica anual de la Nación más que generosa. Inicialmente iban a recibir una compensación tarifaria global de $ 27.000 millones. Tras negociar el acompañamiento de las provincias más afines, la administración de Alberto Fernández aceptó elevar la partida total de subsidios para los colectivos del interior a $ 46.000 millones. Ese aumento del 70% en el auxilio económico nacional se cayó en el mismo momento en que Juntos por el Cambio consiguió los votos mayoritarios para rechazar el Presupuesto que había elaborado el Ministerio de Economía para este año.

Ante la incertidumbre generada por la caída del Presupuesto, las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportes de Automotor de Pasajeros (FATAP) resolvieron ir a la carga para exigirle al Gobierno que respete la palabra empeñada y abra la billetera para atender las mayores compensaciones económicas.

Hasta tanto se resuelva la actualización legal de las partidas de este año, los directivos de la FATAP solicitaron a Transporte la asignación de $ 12.000 millones de subsidios para el primer trimestre del año y la implementación de nuevos mecanismos normativos que faciliten la obtención de créditos blandos destinados a la renovación del parque móvil que quedó diezmado por la caída en la venta de los boletos registrada durante la pandemia.

Según las cuentas que hacen las compañías del interior, a los $ 4.000 millones mensuales de subsidios nacionales requeridos para el período enero-marzo se deberían agregar otros $ 2.000 millones de aportes económicos provinciales para poder hacer frente a todos los gastos operativos.

Tras resaltar que existe una marcada falta de repuestos por las trabas a las importaciones y que la mayoría de los insumos subieron más del 100% en el último año, las empresas pidieron que el reparto de subsidios refleje un “trato igualitario en todas las jurisdicciones con un método único de cálculo de costos que contemple los parámetros básicos de kilómetros recorridos, pasajeros transportados, recaudación por boletos y las bonificaciones tarifarias locales”.

Para hacer factible el esquema de la tarifa federal destinada a corregir las asimetrías existentes entre los subsidios que se destinan a la región metropolitana del AMBA y al interior, la FATAP requirió la aplicación de un “costo por kilómetro nacional uniforme” para poder establecer los distintos grados de participación en el financiamiento del sistema que deberían tener la Nación y las provincias con el aporte de las compensaciones económicas y los usuarios mediante el pago de las tarifas reguladas.

Avanzada cordobesa

La ofensiva de las líneas del interior se dio en medio de una recomposición interna del gabinete de Transporte que implicó la incorporación de una nueva representante del peronismo de Córdoba en el staff del ministro Guerrera.

La exlegisladora provincial María Laura Labat desembarcó como flamante subsecretaria de Transporte Automotor tras un acuerdo político que cerraron luego de las elecciones el presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el sector que encabeza Adriana Nazario.

Tras quedar formalizada su designación por medio del decreto 18/2022, Labat pasó a ocupar el cargo que tenía el también córdobes Marcos Farina, quién había aterrizado en el área de Transporte a fines de 2020 de la mano del exsenador nacional, Carlos Caserio.

A fines de septiembre pasado, pocos días después de la derrota del oficialismo en las PASO, Farina dejó el puesto de subsecretario para pasar a desempeñarse como nuevo Subsecretario de Gestión Interjurisdiccional.

Labat heredará el equipo de colaboradores mediterráneos armado por Farina que integran Juan Manuel Escudero, como director de Cargas y Alejandro Storello, al frente de la dirección de Transporte de Pasajeros.

Según el organigrama del ministerio, la nueva funcionaria estará bajo la órbita de la Secretaría de Gestión del Transporte que maneja el massista rosarino Diego Guiliano.