Entre los aspectos más relevantes, extendió la autorización de contratación de personal de salud jubilado; de profesionales titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado en el país; y el establecimiento de regímenes especiales de matriculación en forma excepcional y temporaria. Desde marzo de 2020, seis de cada diez argentinos cancelaron sus prácticas médicas y diagnósticas.

A través del decreto 863/2022 publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria establecida en la Ley 27.541, y extendida por el Decreto 260/2020, a raíz de las consecuencias e impacto generados por el Covid-19.

«Como autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud decidió mejorar y ampliar la capacidad de atención de todo el sistema sanitario, recurriendo a la extensión de la contratación de personal de salud jubilado o retirado; al establecimiento de regímenes especiales de matriculación y/o certificación en forma excepcional y temporaria; y a la contratación de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina», informaron.

La medida tiene como objetivo sumar el aporte de profesionales y técnicos de todas las disciplinas en los distintos subsistemas de salud para fortalecer y poder brindar la atención esencial y necesaria a la población. «El impacto de la pandemia por COVID-19 en el sistema sanitario ha generado una demanda acumulada de seguimiento, tratamientos, pruebas diagnósticas y atención especializada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país», sostuvieron.

Durante los dos años de pandemia se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles a nivel mundial. En Argentina, bajó casi el 50% la atención de pacientes ambulatorios y alrededor del 60% cancelaron sus prácticas médicas y diagnósticas. A eso hay que sumar la tasa de abandono de los tratamientos de personas con diabetes, que se redujo en un porcentaje cercano al 35%.

También el impacto se sintió en la salud mental de la población, con el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas y el mal uso y abuso de las tecnologías.

Desde Salud enfatizan que «las consecuencias que produjo la pandemia obligan a adoptar medidas rápidas, eficaces y urgentes; además de continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud».

Uno de los aspectos para «robustecer» los equipos profesionales es el de la extensión del régimen de matriculación provisorio para aquellas personas que no cuenten aún con su trámite de título finalizado o no poseen revalida su certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención de la cartera sanitaria y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran.

También disponen la contratación de personal de salud jubilado o retirado, exceptuándolo temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la Administración Pública Nacional. «Además, se permite en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina», acotaron.

Además, autorizaron la instalación de hospitales de campaña o modulares que no cuenten aún con los requisitos y autorizaciones administrativas previas, «teniendo en cuenta la diversidad sanitaria, geográfica, socioeconómica y demográfica de nuestro país, que requiere un abordaje distintivo que contemple las diferentes realidades y permita continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria en los diferentes puntos de Argentina».