La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo un paro de 24 horas, y en la plaza Belgrano se desarrolló una asamblea popular de la que participaron todas las otras organizaciones involucradas en el reclamo.

La jornada se decidió en el marco de la asamblea popular del 31 de agosto, de la que participaron los 24 sindicatos que integran el FAG y más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil.

En la protesta se hicieron oír reclamos laborales y salariales, en defensa de los territorios ancestrales de las comunidades originarias, la atención a las demandas de la economía popular, entre muchas otras. Y estuvo presente también la pregunta “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.

“El objetivo es plantear a los tres poderes del Estado una serie de problemáticas que vienen sin ser atendidas, una agenda extensa que se ha plasmado en un documento”, explicó a El Submarino Radio (91.5) Susana Ustárez, titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), que integra el FAG.

Precisó que los pedidos de “diálogo intersectorial” son para abordar cuestiones salariales y laborales, además de otros planteos que provienen de la sociedad civil.

Hubo también movidas similares en localidades del interior, como El Carmen y La Quiaca.

-¿Cómo sigue el plan?

-Vamos a ingresar los pedidos formales de audiencia, y por supuesto van a haber una instancia de espera, porque están distraídos en otras actividades, muchos están de viaje, gestionando otros proyectos o realizando actividades partidarias. Y de no producirse una audiencia, se van a llevar adelante más acciones y se va a seguir profundizando el conflicto.
Estatales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), además de participar de la jornada de protesta, realizó un paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Los reclamos son el pase a planta permanente de los precarizados; la apertura de paritarias y un aumento salarial igual a la canasta básica; el cumplimiento de las actas acuerdo 2013-2014 referidas a la desprecarización; la devolución de los días de huelga descontados; el 82 por ciento móvil para jubilados, y un plan habitacional urgente.
Además, rechazan la judicialización de la protesta y los despidos, y exigen la reincorporación de los trabajadores cesanteados de la Dipec.

Fuente: El Submarino.