En las presentaciones realizadas recordaron que la cautelar dictada por la CIDH aún está vigente y tiene carácter obligatorio para el Estado nacional, que incurre en responsabilidad internacional frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, comprometiendo su posición en la Organización de Estados Americanos (OEA) según lo dispuesto tanto en la Constitución Nacional, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Reglamento de la CIDH.

En los escritos, los abogados defensores dieron cuenta de los motivos que llevaron a la CIDH a dictar la medida cautelar en virtud del daño irreparable que podría producir la permanencia de la dirigente social en la cárcel de Alto Comedero. Señalaron que la medida se adoptó tras corroborar por parte de los comisionados el nivel de hostigamiento al que fue sometida la dirigente social desde el 16 de enero de 2016 cuando, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, fue detenida en forma arbitraria. También dieron cuenta del cumplimiento primero diferido de tal resolución y luego en forma parcial ya que la CIDH había solicitado medias alternativas a la prisión, entre ellas la detención domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica. En razón de dichas disposiciones, los letrados señalaron las irregularidades producidas durante el proceso por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, ambos denunciados ante la justicia federal por prevaricato, es decir, por dictar resoluciones contrarias a la ley.

En el caso concreto de la presentación ante la CSJN, los letrados actualizaron la situación de la dirigente social, en cuanto a la Medida Cautelar otorgada por la CIDH, como el irregular tramite posterior,  y solicitaron a los jueces que se expidan sobre los Recursos Extraordinarios que tienen en su poder desde el mes de abril relativos a la prisión preventiva de Milagro Sala y que cuentan con un dictamen favorable por parte de la Procuración General de la Nación. “Entendemos que la intervención de V.E. en su condición de responsable máximo de la correcta administración de justicia, debe actuar a fin de resguardar los derechos en juego de Milagro Sala”, señalaron en referencia al riesgo que corre su vida dentro del penal.

La resolución emitida por el juez Pablo Pullen Llermanos el pasado sábado, señalaron los abogados, es violatoria del legítimo derecho a la defensa, además de autocontradictoria, ya que cita informes del Departamento Médico del Poder Judicial en los que recomienda que la dirigente social esté en contacto las 24 horas con su familia dado el cuadro de depresión e ideación suicida que presentaba.

“Los hechos denunciados nos permiten sostener la existencia de una amenaza ilegal, ilegítima y arbitraria para la vida y la integridad psicofísica de Milagro Sala”, señalaron los abogados en el escrito presentado ante el Juzgado de Jujuy. “Por ello se peticiona al magistrado que en ejercicio de sus deberes constitucionales restablezca de inmediato las condiciones en las que Milagro se encontraba detenida, de modo de disminuir los riesgos a sus derechos fundamentales que actualmente se encuentran vulnerados”, indicaron.