El hecho ocurrió contra integrantes del Frente Unidad Ciudadana de Jujuy, quienes dieron detalles de lo sucedido. Denunciando un nuevo intento de disciplinamiento por parte del aparato policiaco y político del Gobierno de la provincia hacia ese espacio político

La ex candidata a concejal en San Salvador Leila Chaher, denunció que en la noche del pasado domingo fueron perseguidos por móviles policiales y demorados por efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) sin que se les explicara con claridad los motivos. “No son casualidades; desde Unidad Ciudadana venimos denunciando la persecución que hay en la provincia hacia partidos opositores, hacia la militancia, y hacia las organizaciones sociales”.

Los denunciantes, explicaron que “el operativo de hostigamiento estuvo a cargo del subcomisario inspector Coria, y fue realizado el 11 de diciembre, pasada la medianoche, cuando tres vehículos particulares pertenecientes a ex candidatos de Unidad Ciudadana en los últimos comicios, fueron interceptados en forma violenta por móviles del grupo GEM: 3 motocicletas sin patentes y 2 móviles policiales. El operativo conto con efectivos policiales fuertemente armados que argumentaron demorar a la personas por circular en “vehículos sospechosos” por lo que impidieron la libre circulación”.

Además, señalaron que momentos antes de ese acoso policial, se encontraban reunidos en su sede partidaria de barrio Luján, lugar que fue patrullado de forma reiterada y durante varias horas por motocicletas del GEM, junto a la presencia de dos vehículos polarizados sin patentes.

Desde Unidad Ciudadana, sus integrantes se declaran en estado de alerta, y adelantaron que con el correr de los días elevarán a las autoridades judiciales las denuncias correspondientes por esta nueva violación de las garantías constitucionales ejercidas mediante la fuerza pública contra militantes opositores al Gobierno.

Frente a estos hechos, Ate Jujuy y CTA Jujuy expresan su solidaridad, y repudian este flagrante hostigamiento y la violencia institucional que practica el Gobierno de Jujuy hacia las voces disidentes y opositoras, que denuncian la grave situación política, económica e institucional que vive la provincia y el resto del país.