La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, luego de que fuera notificada meses atrás por parte del Poder Judicial del inminente desalojo que se ejecutaría a la familia Bustamante (a raíz de un fallo judicial por un conflicto privado entre las partes), solicitó a la Justicia suspender el desalojo en dos oportunidades y a través del Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  dispuso como medida continuar trabajando con la familia en el acceso a las políticas públicas de vivienda, de inclusión y de salud para la familia y a sus hijos menores de edad (teniendo en cuenta que uno de ellos es una persona con discapacidad).

Previo al desalojo, la Dirección provincial de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia articuló en conjunto con la Dirección provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, para la entrega de una silla de postura móvil para un hijo, ya que no poseía medios para su movilidad.

Además, profesionales (abogada, psicóloga y trabajadora social) de la OPD (Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) Guillermo Snopek de Alto Comedero estuvieron acompañando a la familia desde instancias previas al desalojo a fin de asesorarles en el traslado hacia otro hogar, como así también en otras medidas de resguardo de la salud del hijo con discapacidad.

En el momento que se efectuó el desalojo, la Dirección provincial de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia realizó acciones de mediación para llegar a un acuerdo con la familia, ofreciéndoles alojamiento temporal hasta tanto se concrete este viernes el traslado a su nuevo hogar. Sin embargo la familia decidió albergarse en la hospitalidad de una vecina, hasta que el IVUJ realice la entrega de la vivienda en otro sector del barrio Alto Comedero.

Por lo que, es necesario especificar la presencia del Gobierno Provincial desde el primer momento en que es notificado del desalojo por el Poder Judicial, procurando la protección de los derechos de esos menores de edad, teniendo en cuenta que la raíz del hecho conflictivo en que estaba involucrada la familia Bustamante es independiente y ajeno al Poder Ejecutivo.