Siete hombres, detenidos el sábado pasado en la provincia de Jujuy, quedaron imputados este martes por el delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, acusación penal instada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba.

La imputación se formalizó ante la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez, quien también hizo lugar al pedido de prisión preventiva de los siete acusados y autorizó una serie de medidas probatorias pendientes, entre ellas el análisis de varios teléfonos celulares secuestrados.

Sobre el caso, el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier sostuvo que la detención de las siete personas no se trató de un hecho casual, sino el resultado de un caso abierto por la PROCUNAR NOA en 2020 a partir de informes que daban cuenta del tráfico de droga por los cerros de la puna jujeña.

Explicó que, en vista de ello, se encaminaron tareas de campo e investigación, que luego de varios meses permitieron establecer que el tráfico era dirigido por una organización narcocriminal, la cual acordaba, a través de su cabecilla, la adquisición de cocaína con contactos en el Estado Plurinacional de Bolivia,

El funcionario del MPF añadió que, posteriormente, y para el paso de la droga de Bolivia a La Quiaca, se valían de una cuadrilla de mochileros dotados con handies, el único medio de comunicación factible en la zona. Esta modalidad se repetía a modo de posta hasta que la droga llegaba a la localidad de Abra Pampa, donde se acopiaba.

“Desde allí, era trasladada a la ciudad de San Salvador, para su posterior tráfico al sur del país. Las pesquisas realizadas dan cuenta de operaciones similares que los acusados realizaron en 2021”, agregó el auxiliar fiscal.

La investigación

A través de numerosas evidencias recolectadas, entre ellas informes de tareas de vigilancia en la zona e intervenciones telefónicas, el auxiliar fiscal acreditó la conducta delictiva de todos los integrantes de la organización, razón por la cual se avanzó con la detención de los acusados.

Fue así como, el sábado pasado, personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales Salta de la Gendarmería Nacional allanó tres viviendas y detuvo a los siete imputados, oportunidad en la que se incautó, desde uno de los inmuebles, una carga de 69 kilos de cocaína.

También se secuestraron dos camionetas, una marca Toyota Hilux y otra Chevrolet Amarok, dinero, un visor nocturno y los handies que utilizaban los mochileros a medida que surcaban los cerros ubicados entre las localidades de La Quiaca y Abra Pampa.

Para mayor precisión, el representante del MPF aportó el rol de cada uno de los acusados, quienes se agrupaban bajo las órdenes de un líder, encargado de gestionar la adquisición de la droga, a la vez que coordinaba el traslado desde la frontera hasta Abra Pampa.

Por debajo, había otros dos acusados que tenían funciones relacionadas a la contratación de los mochileros, últimos en la escala de la organización, como también elegir y determinar el lugar de almacenamiento de la droga.

Prisión preventiva

Dada la cantidad de evidencias y el grado de verosimilitud de la acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de todos los acusados, fundada en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal en curso.

Entre otros argumentos, señaló también la falta de arraigo, los informes de la Dirección de Migraciones en cuanto a serias irregularidades cometidas por los acusados en el ingreso y egreso del país, como también la expectativa de pena negativa en función de la escala penal aplicada.

A su vez, resaltó la naturaleza y gravedad del hecho e indicó que la investigación se encuentra aún en un estado incipiente, por lo que podrían surgir pistas que permitan identificar a otros responsables, como los proveedores del estupefaciente.

En el turno de la defensa, los siete acusados aceptaron prestar declaración y reconocieron su participación en el hecho, ya sea con mayor o menor grado. Luego, su defensor se opuso a la prisión preventiva. Fundó su posición en la supuesta debilidad de la acusación e inconsistencias en materia de arraigo de sus defendidos.

Los cuestionamientos, sin embargo, fueron rebatidos por el represente del MPF, quien ratificó el tenor de las evidencias reunidas y los riesgos procesales enunciados.

La jueza Giménez resolvió en base a los términos requeridos por la fiscalía. Entre otros fundamentos brindados, resaltó, como lo hizo la fiscalía, la gravedad del hecho, el daño a la salud que la droga incautada podría haber causado en la comunidad y la obligación del Estado Argentino de abordar los delitos de narcotráfico, según consta en los compromisos asumidos mediante tratados internacionales.

Fuente: Somos Jujuy