Mientras fuentes gubernamentales manifestaron ayer a BAE Negocios que "la negociación está empantanada porque los laboratorios no tienen voluntad de colaborar en la emergencia mediante un congelamiento (de precios)", anoche desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) afirmaron que "es imposible congelar precios, cuando el dólar tuvo un salto del 27%, se disparó la inflación, y hay tasas de interés por las nubes, entre varias situaciones".

La misma posición es compartida por las otras dos entidades del sector: la nacional Cooperala, y la cámara Caeme, que nuclea a los laboratorios extranjeros. En el Gobierno mantienen la postura de que las empresas deberían aceptar un congelamiento hasta el próximo 30 de noviembre, con una suba de hasta 10% respecto del valor que tenían los medicamentos el pasado viernes 9 de agosto.

Las conversaciones se enfriaron a tal punto que en las últimas dos semanas no hubo contactos personales, sino telefónicos y sin mayores avances, hasta que las posibilidades de acercamiento se agotaron. Para Cilfa, Cooperala y Caeme, en estas condiciones no es posible congelar precios, entre otros factores, porque después de que se iniciaran las conversaciones hubo una nueva devaluación que llevó el dólar a $62, con mayores costos aparejados.

El borrador que estaba sobre la mesa se refería a más de cincuenta tipos de drogas. Las empresas siempre rechazaron un plazo de freno por 90 días, al tiempo que proponían otro más corto de 60 días, pero sin retrotraer los incrementos que hubo desde el fatídico lunes 12 de agosto, cuando no hubo intervención oficial para frenar la devaluación.

El diálogo buscaba contener subas en drogas para tratamientos comunes o ambulatorios, y otras de alto costo para tratamientos especiales. Los pretendidos precios congelados iban a alcanzar a los antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, betabloqueantes, medicamentos oncológicos, entre muchos otros.

Coyuntura alarmante

Por encima de la inflación general, los medicamentos aumentaron más del 50% entre enero y agosto, al tiempo que las compras de la población se derrumbaron un 6% interanual el mes pasado.

Por su parte, María Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), aseguró en forma reciente que "necesitamos que el Gobierno cumpla rápidamente y acorte plazos de pago del PAMI; y lo mismo en el caso de los gobiernos provinciales con las obras sociales".

La magnitud de la crisis se reflejó en el cierre de 74 farmacias que hubo desde enero, lo que implicó una pérdida de empleo superior a las 800 personas, pero el dato más reciente indica que desde las elecciones PASO, "cerraron ocho farmacias", dijo Marcelo Peretta, secretario general del gremio sectorial.