La resistencia al Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) sigue creciendo en todo el territorio de la provincia de Jujuy. El bono de 50 mil pesos mensuales que el gobierno provincial quiere cobrar a las personas sin cobertura médica genera un amplio rechazo: hubo un paro de actividades de médicos y diversas organizaciones crearon un Foro en defensa de la salud pública. Además, se presentó un amparo preventivo para frenar la aplicación del bono y le pidieron al gobernador Carlos Sadir que vete la ley.

La Seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), que nuclea a profesionales de la salud del sector estatal y privado a nivel nacional, llevó a cabo ayer el primer día de un paro de actividades de 48 horas en hospitales de Jujuy. El seguro de salud implica la “privatización del sistema de salud”, advirtió este gremio.

El gremio denunció que “el SEPROSA se aprobó sin tratamiento formal en la Comisión de Salud y no fue anunciado por ningún medio público, sin un debate transparente y participativo". Rubén Camaño, secretario general de AMRA Jujuy, informó a Página/12 que ayer hubo un "alto acatamiento del paro", con un porcentaje superior al 90% y anticipó que hoy habrá una adhesión similar. "(Esto) demuestra el malestar en los colegas", aseguró. También adelantó que si no hay respuesta, se profundizará la medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al SEPROSA.

Desde hace meses AMRA viene denunciando persecución laboral y salarios por debajo de la línea de la pobreza: “nos desempeñamos en ambientes donde la persecución laboral por parte del Ministerio de Salud es moneda corriente y se desfinancian los hospitales con la intención de favorecer al sector privado”, aseguró el gremio. Tambien denunció el desmantelamiento del sistema de salud pública.  

El pasado 8 de diciembre, con votos de la UCR y el PJ y en un trámite exprés, la Legislatura jujeña aprobó la Ley N° 6453, que crea el SEPROSA, por el que se impone un cobro obligatorio a quienes no tienen obra social y necesitan atenderse en un hospital público. "Esto implica un arancelamiento de la salud y el fin de la atención gratuita, afectando a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia”, sostuvo la AMRA.

El gremio también advirtió que la incorporación al SEPROSA “será de manera compulsiva y obligatoria” y tendrá un valor de cinco consultas médicas, equivalente a un monto de alrededor de $50 mil mensuales para quienes demuestren "capacidad de pago", según informó el Ministerio de Salud de Jujuy. “Este es un verdadero ultraje sin precedentes al pueblo jujeño, que se carga día a día de más deudas y hace difícil tener un plato de comida digno”, planteó la AMRA Jujuy.

Creación del Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública

Ayer jueves se constituyó el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, integrado por sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y sectores políticos. Se acordó un documento que se presentará hoy ante el gobierno, cuando también pedirán el veto de la ley 6453.

El Foro reseñó que el seguro  de salud "se enmarca en el Plan Estratégico de Salud que el ministro de Salud Gustavo Bouhid comenzó a implementar en la provincia en el año 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales". Denunció que ese plan privatizador "implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública".

El Foro también afirma en el documento que se entregó en la Gobernación que "los principales beneficiados del SEPROSA son los dueños de la salud privada en Jujuy", entre los que nombró al ministro Bouhid, "dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia"; al diputado provincial justicialista Rubén Rivarola, "dueño de las dos clínicas privadas más grandes de Jujuy", y al diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar, "dueño de otra importante clínica privada".

Añadió que este plan se encuadra en las recetas del Banco Mundial, que en el documento Invertir en Salud, de 1993, "desplaza la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguro para los 'países en desarrollo'". En este marco, recordó que la primera avanzada fue el decreto 582 de Carlos Menem con el arancelamiento de la salud y la instrumentación de los hospitales de autogestión. Y en 2016 Mauricio Macri aprobó la Cobertura Universal de Salud para todo el país, a través del decreto 908, que comenzó a aplicarse en Mendoza y en Jujuy "introduciendo así el sistema de seguros en salud pública". 

En otra acción contra el seguro de salud, la senadora nacional Carolina Moisés (Unión por la Patria) presentó un recurso de amparo y solicitó formalmente al gobernador Sadir que vete la ley 6.453. “La salud no es un privilegio, es un derecho. Esta ley pone barreras económicas que condenan a miles de jujeños a la incertidumbre y al abandono sanitario”, sostuvo la legisladora. El recurso de amparo solicita la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley y su declaración de inconstitucionalidad.