Previo a la decisión de excarcelación del Tribunal Oral Federal N° 3 sobre los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, se llevó a cabo una audiencia más en el juicio oral por presunta defraudación de Oil Combustibles, donde De Sousa avanzó con la declaración indagatoria que había comenzado una semana atrás. Allí expuso –en formato de clase magistral y hasta con gráficos explicados en un pizarrón- los pormenores del mercado petrolero en la Argentina y el contexto macroeconómico entre 2014 y 2015. Es un punto central de la trama porque es el período en el cual Oil solicitó acogerse a dos planes particulares de la AFIP para refinanciar sus deudas por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), donde el mercado local sufrió un cimbronazo producto de la devaluación y del congelamiento de precios final. Quedaron de manifiesto una serie de inconsistencias en la elevación a juicio que –tal como también había ocurrido con la pericia oficial de la Corte Suprema- llevan a desnudar falencias en la instrucción de la causa que podrían hacer tambalear los supuestos con los que se cimentó la acusación.

Pero hubo otras revelaciones que atravesaron la jornada: al contrario de lo que había postulado hasta ahora la querella de la AFIP, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y hasta el propio Ercolini, Oil Combustibles nunca retuvo dinero de los consumidores de combustible de las estaciones de servicio que comercializaban sus productos en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), eje de la acusación. Es que la red de estaciones que operaban bajo bandera de Oil no pertenecía a la compañía petrolera, sino que suscribían contratos por la compra de las naftas. Es decir que eran terceras empresas las dueñas de las estaciones que vendían al consumidor final y que solo compraban las naftas pagando en un plazo preestablecido de entre 30, 45 y 180 días. “Es una fábula que vendimos al consumidor final. Jamás le vendimos un solo peso al consumidor final”, subrayó De Sousa que volvió a marcar que ninguna de las medidas de prueba que había solicitado para defenderse fueron acogidas por Ercolini.

Así como había hecho Ricardo Echegaray, De Sousa anticipó que desarrollará la serie de resoluciones generales que dictó el extitular de la AFIP Alberto Abad durante la era Cambiemos que terminaron por empujar a la quiebra a Oil Combustibles para impedirle refinanciar su deuda. De allí se explica que De Sousa abandonara el directorio de la petrolera en 2017, arrinconado porque AFIP había dictado que ningún directivo podía estar siendo investigado y a su vez la empresa acogerse a un plan. Ninguna otra empresa encuadraba en la serie de resoluciones que dictaba AFIP para restringir facilidades ya sea porque había sido denunciada por el organismo recaudador, porque financiaba ITC u otros tributos o porque sus dueños coincidían con firmas investigadas. AFIP jamás informó si el marco normativo se le había aplicado “la exclusión” a alguien más, lo que volvieron a remarcar como una arista más de la “persecución”. De hecho, De Sousa puso como ejemplo que el propio Echegaray confesó durante su indagatoria que debió acogerse a un plan de pagos para sus propios tributos en la actualidad. Lo hizo sin que hubiese restricción alguna por el propio sistema. Por eso, se remarcó que ni López, De Sousa o sus empresas pudieron acceder nunca más a ninguna facilidad merced a las resoluciones de Abad a las que denominó “presiones subjetivas”.

Hubo otro dato saliente, entre los mencionados durante la audiencia: AFIP volvió sobre sus pasos cuando anticipó que iba a responderle a Ercolini si alguna otra petrolera había accedido a planes de pago generales, tales como Shell, YPF o Axion. Es que el juicio es por dos planes particulares pero también por dos generales de financiación que Echegaray explicó que no tenían intervención de los funcionarios y que sus parámetros y alertas eran controlados por un software accesible a todos los contribuyentes vía internet. La AFIP de Abad adujo que estaban bajo secreto fiscal y que no podía revelar si también habían accedido a planes de financiación generales, algo que sería contradictorio con la versión de que Oil había sido la única petrolera en acceder a ese beneficio lo que ratificaría la condición excepcional que relataba la querella.

De Sousa pidió marcadores y que ingrese el pizarrón. Micrófono en mano explicó la diferencia entre empresas petroleras integradas (producción, refinación y carga de combustible a consumidor final) de lo que era Oil, cuyo negocio era refinar el producto y vendérselo a su red de asociadas. Lo hizo para graficar cuáles eran los márgenes que las empresas integradas habían restado a la producción cuando el Estado impuso precios de valor del barril de petróleo y congeló el precio de venta en los surtidores. Mientras Oil debía pagar el valor del barril en dólares y sólo podía venderlo a las estaciones con escaso margen. Insólitamente, Pollicita cuando apuntó que Oil había generado un excedente y pese a eso no había abonado el ITC y lo refinanció, olvidó tomar en cuenta que en esa época, Argentina no acompañaba la baja del petróleo internacional, sino que fijó un valor del barril aplicable al mercado interno. Ese análisis estuvo ausente en la instrucción.