El organismo estuvo hace diez días en la Argentina y recogió las preocupaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil, en particular, sobre el capítulo de seguridad con el que se pretende limitar el derecho a la protesta.

El jueves, el representante regional para América del Sur de la Oficina del ACNUDH, Jan Jarab, envió una nota a Gabriel Bornoroni (Legislación General), José Luis Espert (Presupuesto) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales) para solicitarles hacer una exposición virtual sobre la ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso el 27 de diciembre pasado.

Quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato, esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos

Jan Jarab Alto Comisionado de las Naciones Unidas

“Quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato –esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos”, aclaró Jarab en la nota a la que tuvo acceso un prestigioso medio.

Entre el 10 y el 11 de enero, una misión del ACNUDH estuvo en Buenos Aires. Sus referentes --encabezados por Xavier Mena-- mantuvieron encuentros en la Cancillería con Diana Mondino, en el Ministerio de Justicia con Mariano Cúneo Libarona y en la Secretaría de Derechos Humanos con Alberto Baños.

La reunión más tensa posiblemente fue con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Con ella abordaron el protocolo anti-manifestaciones, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la ley ómnibus.

Bullrich se ocupó de circular un comunicado después del encuentro informando que ella había salido al cruce de los representantes de la ONU. Estaba especialmente molesta porque, después de la publicación del protocolo, el relator especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Nyaletsossi Voule, tuiteó que estaba recibiendo informes alarmantes sobre lo que sucedía en la Argentina y resaltó que “silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”.

Según su propio comunicado, Bullrich se quejó porque hubo un pronunciamiento de un funcionario de Naciones Unidas sin consultar previamente con el gobierno argentino. “La ministra resaltó que existe detrás de estas ofensivas contra este instrumento, la vocación explícita de miembros de la oposición y de organizaciones afiliadas a ellos, de promover con estos comportamientos extorsivos un clima de inestabilidad política e institucional verificado en varias oportunidades en la historia reciente”, añadió la comunicación.

Antes de reunirse con el ACNUDH, Bullrich había estado en Diputados y había reculado con el artículo 331 de la Ley de Bases que había causado una enorme controversia. Era el que consideraba que una reunión de tres personas en la vía pública era una manifestación y, por ende, se debía pedir permiso a las autoridades. El resto del articulado –promovido por la ministra– se mantiene.

Bullrich viene acumulando denuncias en el plano internacional. La semana pasada, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron presentaciones de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales --coordinadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-- por las “multas” millonarias que pretende cobrarles por haberse movilizado el 27 de diciembre pasado en repudio al megadecreto de Milei.

A priori el pedido de la ONU de pronunciarse públicamente choca con el interés de la administración de La Libertad Avanza (LLA) de tener un dictamen exprés, acordado con la oposición amigable que está en plenas negociaciones con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Guillermo Francos (ministro del Interior) y Santiago Caputo, el operador todoterreno de Milei.

El gobierno fantasea con sesionar el martes como un desafío a la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y la izquierda que pararán y se movilizarán el miércoles. A ellos, Bullrich ya les advirtió que les aplicarán el protocolo anti-manifestaciones y adelantó que están preparando una "operación fuerte".

Preocupación del Comité para la Prevención de la Tortura

En las últimas horas, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos locales envió otra nota al Congreso para expresar su preocupación sobre el proyecto de Ley de Bases. En particular, hay malestar por la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y por los capítulos sobre seguridad y salud mental.

El CNPT resaltó que el apartado de seguridad --defendido por Bullrich-- limita el derecho a las manifestaciones públicas y protestas sociales al tiempo que habilita el uso excesivo de la fuerza. "Este Comité destaca que estas modificaciones omiten considerar que una de las funciones de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales es intervenir con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de reunión sin discriminación alguna, absteniéndose de adoptar medidas que lo restrinjan o limiten de modo irracional", advirtieron sus integrantes en la presentación.

Fuente: Página 12