El juicio ESMA III fue el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino, cuyo debate oral y público tomó cinco años con 410 audiencias, en los que fallecieron 11 de los 65 imputados originalmente y tres fueron apartados por razones de salud.
Durante casi cuatro horas, el tribunal leyó por orden alfabético las condenas a los responsables de uno de los mayores centros clandestinos que funcionó en el país durante la última dictadura cívico-militar. Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta, el jefe del grupo de tareas que llegó con vida a la instancia final del juicio, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Juan Antonio Azic, son algunos de 29 condenados a prisión perpetua. El conocido como "el partero" de la ESMA, Jorge Luis Magnacco, recibió una pena de 24 años de prisión, dos de los pilotos de los vuelos de la muerte tednrán que cumplir la máxima pena mientras que uno de ellos Julio Poch, fue absuelto. Otro de los que se benefició fue Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de José Alfredo Martínez de Hoz, quien había sido reconocido en una visita a secuestrados en la ESMA.
Se trata de la tercera edición del juicio por la ESMA, ya que el primer juicio no llegó a su fin debido a que el único imputado, Héctor Febres, murió antes de conocerse la sentencia, en 2007, y el segundo juicio finalizó el 26 de octubre de 2011 con 16 condenas a prisión perpetua, penas entre 18 y 25 años y dos absoluciones.
Carlos Loza y Osvaldo Barros, ambos integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), una de las entidades querellantes en esta megacausa, esperaban "con ansiedad" los fallos con la convicción de que "más allá" de las condenas que reciban los represores "nunca" abandonarán "la lucha por la justicia".
"Estamos con ansiedad y esperamos las condenas con mucha expectativa. Son muchos años de lucha y si llegamos hasta acá es porque tenemos la responsabilidad de conseguir Justicia para nuestros compañeros que no pudieron sobrevivir", habia dicho Carlos Loza.
El veredicto superó las expectativas de gran parte de las víctimas que temían que la ola negacionista impulsada desde el Gobierno tuviera efecto sobre el tribunal.
El juicio de ESMA III comenzó en 2012 y se analizaron 789 delitos de lesa humanidad, entre ellos varios casos referidos a los denominados vuelos de la muerte, por los que hay cinco efectivos de la Armada imputados.
Es la primera vez que la Justicia de un Estado nacional procesa una causa por crímenes contra la humanidad de tal magnitud y duración, ya que para analizar casos como los genocidios de Ruanda y la ex Yugoslavia se constituyeron tribunales internacionales.
Tanto Loza como Barros habían explicitado sus reservas. "Hay algunos genocidas que andan diciendo que van a quedar en libertad y parece que ya tienen ese dato, que alguien se los filtró. Nosotros vamos por la estructura, no por los casos individuales. Hay planillas que comprueban la existencia de los vuelos de la muerte. Eso no se puede negar", observó Barros.
En una entrevista concedida tras una ronda en Plaza de Mayo, los sobrevivientes fundaron sus dudas en relación a un fallo reciente de la Sala I de la Cámara de Casación que liberó a ocho ex policías de la Federal en casos de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1977, con el argumento de que "pudieron no saber" que integraban una estructura abocada a la represión ilegal.
"Uno de los firmantes de ese fallo es el juez Leopoldo Bruglia, que aún integra el TOF 5 y puede aplicar este criterio para beneficiar a los pilotos que participaron en los vuelos de la muerte. Vamos a estar atentos y preparados para formular las apelaciones que correspondan", señaló Loza.
"Cuando me siente a escuchar el veredicto, voy a tener muy presente a mi compañero Rodolfo Picheni, que estuvo conmigo en la ESMA y trabajó conmigo para lograr condenas contra los genocidas. Lamentablemente, se suicidó en 2012 porque no pudo más de tristeza. Si se hace Justicia lo voy a recordar con mucha alegría", puntualizó Loza.
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Histórico fallo por los crímenes de lesa humanidad en la ESMA
El Tribunal Oral Federal Número 5 condenó a prisión perpetua a 29 integrantes de la patota que transformó a la Escuela de Mecánica de la Armada en un centro clandestino de detención. Otros 19 recibieron condenas de 8 a 25 años y 6 fueron absueltos.
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