Mientras continúa el escándalo que significó la censura del Gobierno a Provea, una ONG venezolana que iba a dar un discurso crítico de del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de Cambiemos, Amnistía Internacional emitió este lunes un duro informe, al que accedió un importante diario digital, en el que denuncian trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de Derechos Humanos en Twitter Argentina.

En el trabajo, Amnistía denuncia que “hay ataques a posiciones críticas que constituyen un preocupante agravio contra el derecho humano a la libertad de expresión y que configuran un riesgo para la convivencia democrática”. El estudio puso el foco sobre las cuentas de la red social del pajarito de once personas (periodistas como Marcelo Longobardi, Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Nelson Castro, Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, y dos activistas de DDHH, entre otros) y se analizaron 354.000 tweets desde el 22 de octubre del 2017 al 14 de noviembre del mismo año. Por aquél entonces, luego de la victoria de Cambiemos en las legislativas, la agenda pública se enfocaba en la muerte de Santiago Maldonado, la detención de dirigentes opositores sin sentencia previa y la filtración de las fotos y videos de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou.



El documento dimensiona y cuantifica el ataque de cibertropas sobre periodistas que suelen mostrarse críticos de algunas políticas del gobierno de Mauricio Macri, recopila y revela las metodologías que emplean: a través de las cuentas automatizadas o robots (bots); las que utilizan un discurso violento (trolls) y la difunsión de información falsa (fakenews). La misión es descalificar, agredir o intimidar periodistas y defensores de DDHH en el país.

Las cuentas analizadas por Amnistía se dividen entre las que tienen participación previa (46,74% de supuestos usuarios que la ONG ya había detectado e identificado en ataques previos) y los que no tienen presencia previa (53,26%). Cuentas como @PajaritaTW, @AlfredoDarrigo, @LaMacrista, entre otras son las cuentas que se analizaron.

En la nube de palabras, el argot que eligen estas cuentas se divide entre “anti-k”, “democracia”, Cambiemos. “Justicia” y “corrupción”. Allí el retweet es la clave. Las interacciones y el volumen de participaciones exponen en el relieve de la red social sus amenazas.

Nadie los conoce. Nadie los vió jamás. Nadie sabe cómo hacen o quien les paga. Sin embargo, también las figuras políticas reconocidas se mezclan en las acciones de trolleo: el diputado macrista Fernando Iglesias también es alguien que tiene una conducta similar. Quedó explícito cuando cruzó a la periodista María O’Donnell: "Tu forma de hacer periodismo es desastrosa", le tuiteó a principios de noviembre. La conductora de Tarde Para Nada (Radio Con Vos) solo le atinó a responder “Señor diputado electo de Cambiemos por qué me agrede así?”.



Según pudo averiguar un prestigioso medio digital, en las próximos días Amnistía se reunirá con el Gobierno para trasladar la preocupación del asunto, de hecho su propia vocera, Mariela Belski, es foco de las acciones de las cibertropas. “El Estado tiene la obligación de garantizar la opinión, de expresión, y la existencia de un debate democrático y plural, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales”, dice su introducción.

El informe fue elaborado durante seis meses y contó con la colaboración de Martín Becerra, profesor de la Universidad de Quilmes e investigador, y de Luciano Galup, especialista en comunicación política. Un dato importante: hasta el momento no hay legislación en el mundo que regule este tipo de situaciones.

El documento completo: