El presidente Javier Milei sufrió este martes un duro golpe en la Cámara de Diputados cuando, para evitar que el proyecto de ley ómnibus fuera despedazado en la votación en particular, su bloque debió pedir la vuelta de la iniciativa a comisión.

La decisión se tomó después de que los bloques dialoguistas, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (partidos provinciales) aprobaran la delegación de facultades en seis materias hasta fin de año, pero recortaran las bases de actuación y la convirtieran en una cáscara vacía. Para el rechazo fue clave la rebelión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, la Coalición Cívica y un grupo de radicales.

Como estaba quedando el texto final, Milei iba a tener las manos atadas para actuar en las materias de seguridad, energía, tarifas y en la administración púbica. Las otras áreas en las que se lo habilitaba a gobernar sin el Congreso eran economía y finanzas, aunque el texto lo obligaba a explicar una vez al mes cómo había usado esas atribuciones.

Después de ver cómo se caían de a uno los incisos del principal capítulo del proyecto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, solicitó un cuarto intermedio con los jefes de las bancadas y optó por patear el tablero. "Teníamos acuerdos para votar y no salía nada. No podíamos seguir así", explicó a Letra P un referente de LLA.

Uno de los temas que más preocupó es que, como estaba quedando la redacción del proyecto, podía complicar alguna de las medidas que tomó Milei la última semana, como la intervención de organismos públicos. La sesión se levantó cuando ni siquiera se había considerado el artículo siete, referido a las privatizaciones. Debían votarse más de 500 y por los discursos y las interacciones que había se iban a necesitar varios días.

Radicales y gobernadores

Como anticipó un prestigioso medio, el oficialismo tenía los votos justos para aprobar las delegaciones, que era el primer tema del proyecto. Consiguió que fueran aprobadas con 134 votos, 15 menos que los obtenidos el viernes para la aprobación en general del proyecto. La merma fue por la fractura de la UCR (que engrosó el grupo rebelde liderado por Facundo Manes) y de Hacemos Coalición Federal, donde la Coalición Cívica votó en contra y el bloque de Córdoba las avaló pero buscó aliados para reducirlas al máximo.

Las facultades delegadas se aprobaron hasta el 31 de diciembre de este año. LLA no pudo ni celebrar porque luego el grupo de aliados rebeldes se engrosó y junto a Unión por la Patria ayudó a voltear la mayor parte de las atribuciones que Milei pedía para gobernar sin mandar proyectos de ley. Además, el texto lo obligaba a explicar cada mes cómo las utilizaba.

El conflicto empezó con una rebelión de los gobernadores, que se negaron a aprobar la eliminación de fondos fiduciarios. Previo a la sesión, negociaron con el ministro de Economía, Luis Caputo, pero no tuvieron resultados. Tampoco alcanzó el texto alternativo propuesto por el Gobierno, que garantizaba los recursos de los fondos eliminados y los dos incisos referidos a este tema fueron rechazados. Uno de ellos (el h del artículo 4) fue rechazado también por Carolina Piparo, aliada de La Libertad Avanza.

Las derrotas del oficialismo siguieron. Una mayoría opositora rechazó las bases para la delegación de energía y de seguridad, un golpe para el secretario Eduardo Rodríguez Cirillo y otro para la ministra Patricia Bullrich. En el primer caso, se habilitaba a la apertura del sector de hidrocarburos, adecuar las tarifas, reconstruir el sector eléctrico y reorganizar los entes reguladores.

La mayoría en contra de estos dos incisos alcanzó 130 votos, que incluyeron a la Coalición Cívica, un sector de la UCR y una parte de los partidos provinciales, como los misioneros. En la misma votación se rechazaron las bases de seguridad, que incluyen las facultades especiales a las fuerzas de seguridad, para investigar o prevenir en delitos complejos, el crimen organizado, corrupción de menores, terrorismo, privaciones ilegítimas de la libertad, entre otras cuestiones. En el oficialismo no tenían claro si Bullrich quedará limitada. La situación molestó a Miguel Pichetto, jefe de HCF. "¿Tiene el oficialismo alguna estrategia para no seguir perdiendo?", preguntó.

El último golpazo que sufrió LLA en el capítulo de delegaciones fue con el desguace casi total del artículo quinto, que refiere a las bases de la reorganización administrativa. El Gobierno sólo quedaba habilitado a reorganizar la carrera administrativa y no podía disponer de esas facultades para regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento del Estado.

Tampoco iba a poder suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas; centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica; o reorganizar, disolver órganos o entidades; o desburocratizar y simplificar la normativa vigente, entre otras cuestiones.

La situación exasperó a los líderes del oficialismo, que necesitaban explicarle la situación a Milei. Zago le reprochó a sus pares no cumplir acuerdos. En la oposición dialoguista acusaban al Gobierno de no haber escuchado las advertencias. "No quieren aprender", se lamentaban.