Funcionarios del gobierno adelantaron que ese pasivo se terminará saldando muy probablemente con un bono del Tesoro, pero advirtieron que no tienen apuro en negociar con los privados.

Generadoras eléctricas y productores de gas intentaron durante las últimas semanas edificar canales de articulación con distintos estamentos del gobierno para resolver el tema que más las preocupa en la actualidad: regularizar la deuda a su favor que se acumuló durante el primer trimestre por la decisión del Estado de no pagar las bonificaciones del Plan Gas y reducir al mínimo las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se encarga de afrontar los costos de generación y transporte de la electricidad. Hasta el momento, las gestiones realizadas por los privados fueron más bien magras, porque no lograron que el Ejecutivo indique cómo saldará ese pasivo.

Desde que asumió en el Ministerio de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, llevó adelante una especie de ‘default energético’, que implicó suspender el pago de la gran mayoría de compromisos y obligaciones que posee el Estado con el sector de gas y electricidad. Esa fue, de hecho, una de las cuatro medidas que, a groso modo, explicaron el superávit fiscal que exhibió el gobierno desde enero. Las otras tres fueron la licuación de jubilaciones y salarios —que se actualizaron muy por debajo de la inflación y devaluación—; el freno de la obra pública, y la ralentización de las transferencias a las provincias.

En materia de energía, Caputo y Rodríguez Chirillo dejaron de pagar a través de Cammesa la remuneración que les corresponde a los generadores por producir energía en centrales térmicas e hidroeléctricas y tampoco están abonando a las petroleras el gas natural que se utiliza en las usinas para generar energía. A la fecha, Cammesa incluso adeuda el pago del gas que consumieron las centrales térmicas en diciembre. Las petroleras tampoco cobraron el gas que vendieron, bajo el paraguas del Plan Gas, a las distribuidoras para cubrir la demanda de hogares, comercios y pequeñas industrias.

Lo que preocupa a los privados no es tanto el pasivo que se acumuló y que muy probablemente se seguirá acumulando en los próximos meses, dado que entienden que migrar hacia un paradigma de libre mercado como al que apunta la administración de Javier Milei llevará tiempo, sino la falta de horizontes para poder interpretar cómo se ordenará el pasado. “Da la impresión que el gobierno tiene poco nivel de detalle sobre la profundidad de las consecuencias que provocará las decisiones que están tomando. Hay un montón de signos de interrogación hacia adelante”, explicaron desde una compañía.

Canje por un bono

Fuentes oficiales consultadas por EconoJournal aseguraron que el Ejecutivo terminará ofreciéndoles a los privados un bono del Tesoro o algún instrumento similar para regularizar el stock de deuda que acumuló, aunque advierten que por ahora el tema no es prioritario. No es una solución desconocida por las empresas: la administración de Mauricio Macri canceló por la misma vía en 2018 un pasivo acumulado con las petroleras durante la gestión de Cristina Kirchner.

La deuda actual con generadores —Central Puerto, Pampa Energía, AES, MSU Energy, Genneia y Albanesi, entre otros— y productores de gas —YPF, TotalEnergies, PAE, Wintershall Dea (que está en proceso de venta a Harbour Energy), Tecpetrol, Pampa y CGC— se ubica en torno a los 2200 millones de dólares. Unos 900 millones corresponden a la deuda con petroleras y el resto es consecuencia de prácticamente no haberle pagado a las generadoras por la electricidad que brindan al sistema a través de Cammesa.

La problemática es mayor porque ese stock de deuda no está congelado. Se acreciente todos los meses cuando el Tesoro no completa el pago de sus obligaciones. El miércoles de la semana que viene, por ejemplo, vencerá el pago de una nueva transacción de Cammesa, que mensualmente ronda los US$ 350 millones. Como las tarifas eléctricas para los hogares de menores ingresos (Nivel 2 según la escala establecida por el gobierno anterior en 2022) y de sectores medios (Nivel 3) siguen muy desfasadas (sólo pagan un 10% del costo real de la energía), el Estado debe cubrir más de la mitad de esa cifra, es decir, unos 170 millones de dólares. Si Caputo repite el modus operandi empleado hasta ahora y deja impago la mayor parte de esa cifra, la deuda trepará por encima de los US$ 2300 millones. Y si el incumplimiento se repite durante los próximos dos meses, orillará los US$ 2500 millones. De ahí la preocupación de los privados.

¿Por qué pese a la suba de tarifas el Estado debe seguir cubrir los costos de generación de energía?

Primero, por la decisión de dejar prácticamente congelado el precio de la energía que pagan los hogares N2 y N3, que representan casi un 65% de los usuarios residenciales de todo el país y abonan menos de $ 4000 por MWh consumido, un 10% del costo real (monómico) del sistema, que ronda los 45.000 pesos.

Segundo, porque si bien el gobierno ya aumentó las facturas de electricidad (a mediados de febrero) y de gas natural (la semana pasada), esa mejora aún no termina de impactar en la caja de las distribuidoras, porque el proceso de cobro y facturación de las nuevas tarifas demanda entre tres y cuatro meses. A raíz de eso, muchas distribuidoras siguen sin pagar la totalidad de la factura de Cammesa.

En reuniones con directivos del sector privado realizadas durante marzo, el Secretaría de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, sostuvo que la recomposición de las tarifas contribuirá a reducir los subsidios que el sector energético requiere por parte del Estado, además de restituir la sustentabilidad de la cadena de pagos. Pero, en los hechos, las distribuidoras eléctricas del AMBA, que en enero y febrero prácticamente no le pagaron nada a Cammesa, desembolsarán este mes sólo un 40-50% de la factura de la energía que toman del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Recién estarán en condiciones de pagar el 100% de la factura en unos 45 días.

Patear para adelante

En el gobierno de Mauricio Macri ocurrió algo similar a lo que está pasando ahora. En 2016, durante el primer año de gestión, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren acumuló deuda por no pagar los subsidios del Plan Gas I.

Finalmente, en abril 2018 se anunció un plan de pagos para cancelar el equivalente a 1500 millones de dólares en 30 cuotas mensuales y consecutivas que recién comenzaron a ser abonadas en enero de 2019. La dilación tuvo una motivación meramente fiscal que ahora vuelve a estar presente.

Fuentes gubernamentales indicaron, no obstante, que antes de avanzar el Ministerio de Economía podría buscar negociar una quita con los privados, pues afirman que no corresponde reconocer una indexación por el tipo de cambio de la deuda, cuando Cammesa absorbió la mayor parte del costo de la devaluación de diciembre ya que está a cargo de la provisión de combustible. Fuentes de las empresas responden, sin embargo, que ese argumento no tiene mucha fuerza porque el Estado adeuda todavía los pagos definitivos del Plan Gas del año 2022. Esa deuda, que está expresada en dólares al tipo de cambio oficial de ese momento, no posee ninguna cláusula de indexación por lo que los privados deberán absorber las pérdidas provocadas por las sucesivas devaluaciones.