Por esto, 40 técnicos quedaron sin trabajo por el cierre del PRO HUERTA. El programa había sido creado hace 34 y trabajaba en conjunto con el con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el Ministerio de Desarrollo Social, una iniciativa agroecológica “con el fin de promover la Seguridad y Soberanía Alimentaria. a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada.” Indica su página oficial.

Esta última modalidad fue la que afectó a 40 trabajadores del programa ProHuerta, entre ellos la técnica departamental Magalí Felici: “Los 40 contratados de ProHuerta en todo el país, programa que depende del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), desde el 1 de marzo no nos renovaron los contratos. Nosotros llevábamos a cabo funciones en el campo chico, es decir la parte de la huerta y todos sus derivados y el trabajo con las familias”, comentó al medio digital Pueblo Regional.

En el caso de Felici desde hace siete años venía trabajando en todas las localidades del Departamento General López adheridas al ProHuerta, siempre bajo la modalidad de contrato, al principio cada seis meses, luego cada tres y los últimos mensuales.

“Nosotros entramos en la lógica de todos los contratos estatales que pasaron por esta especie de revisión, y en nuestro caso durante la entrega de semillas otoño/invierno, decidieron no renovarnos los contratos. Actualmente nos encontramos los 40 esperando que se revea esto, porque nuestras funciones se justifican en territorio y eran trabajos comprobados”, razonó la asesora.

Más allá de la cuestión laboral, la técnica consideró que “un programa que hace más de 30 años que está al servicio de la comunidad es necesario que se sostenga, porque no sólo asistía brindando recursos como semillas, frutales, pollitas, conejos, también estaba el asesoramiento y acompañamiento a huerteros, colegios, cárceles e instituciones”.

Como ejemplo citó que en la cárcel de Ezeiza con la huerta del programa se abastecía a toda la población carcelaria y los alrededores del presidio.

“Nuestro trabajo sostiene a gran parte de la población y por eso queremos defender el programa, además de cuidar nuestra fuente laboral. Aparentemente, al no encontrar todavía un responsable en el Ministerio no podemos llegar a resolver nuestra situación, y mientras tanto formamos parte de la larga lista de empleados estatales que no tienen su fuente de trabajo asegurada”, completó Felici.