El Fondo Monetario Internacional publicó su propia revisión del multimillonario crédito que le otorgó a Mauricio Macri en 2018, que incluyó críticas a la gestión anterior y la admisión indirecta de que parte de los casi u$s45.000 millones desembolsado financió la fuga de capitales. Sin embargo, este balance es un procedimiento de carácter más bien formal. En el Gobierno destacan el contenido del informe y lo consideran un paso necesario para avanzar de cara al acuerdo, aunque reconocen que difícilmente tenga un impacto significativo en la negociación en curso.

El directorio del organismo discutió este miércoles la llamada Evaluación Ex Post (EPE por su sigla en inglés) del programa Stand By por u$s57.000 millones, del cual se llegó a desembolsar u$s44.867 millones. La publicación incluye los comentarios de los técnicos del FMI, un apéndice sobre la reacción de las autoridades argentinas actuales al informe y las opiniones sobre el programa de 2018, más una síntesis del debate entre los directores, que representan las sillas de los distintos países.

La EPE incluye algunas críticas relevantes a la implementación del programa de parte del propio staff que, con otros integrantes a la cabeza, fue el que firmó el acuerdo con los funcionarios de Macri y el que debió monitorearlo. Las más salientes: reconoce que el anterior Gobierno debió reestructurar la deuda en moneda extranjera para reducir las grandes necesidades de financiamiento de corto plazo y que debió instaurar un control de capitales para evitar la salida de divisas del país.

“El programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres”, señala el reporte del organismo.

Y agrega: “En resumen, el informe concluye que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico. El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020”.

La lectura que hacen en los despachos oficiales es que, cuando el FMI dice que el Gobierno de Cambiemos debió poner un control de capitales, lo que hace es aceptar que parte del préstamo se fugó. Y cuando dice que debió reestructurar la deuda con los bonistas, admite que parte del préstamo se mal utilizó. De hecho, esos fueron los dos destinos que se les dio al crédito más grande en la historia del Fondo: según señaló Martín Guzmán, u$s21.000 millones fueron a los pagos de esos pasivos insostenibles y u$s24.000 millones financió la formación de activos externos, también conocida como fuga de capitales.

Este último punto debería comprometer al propio organismo ya que el Convenio Constitutivo del FMI, en su artículo VI, prohíbe expresamente usar sus desembolsos para “hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. También señala que el FMI “podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”, algo que no ocurrió. Sin embargo, este aspecto no está presente en la EPE, un informe que no suele marcar responsabilidades internas.

El Gobierno sí incluyó el pedido de que exista una revisión adecuada por parte del propio FMI sobre el cumplimiento o no del artículo VI de su estatuto. Según una fuente del equipo negociador oficial, esto sería más probable en el caso de que el organismo decida dar lugar a un tipo de auditoría más profunda del Stand By de 2018 a través de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI). La OEI, de hecho, debutó en 2004 con la revisión del programa que Fernando De La Rúa había firmado en plena crisis de 2001. Antes de la reunión del Board, al Palacio de Hacienda habían llegado mensajes de algunos directores del Fondo a favor de una participación de la OEI en el caso de 2018.

De cualquier forma, la misma fuente informó a un prestigioso medio que es difícil que la vulneración del artículo VI sea contemplada para el programa de Facilidades Extendidas que pidió el Ejecutivo para refinanciar los u$s45.000 millones que tomó Macri. Si el directorio llegara a habilitar la intervención de la OEI, tardaría años en terminar su evaluación.

Lo que destacan en el Gobierno es que la EPE “es una condición precedente para el acuerdo; es importante porque es un mojón necesario”. También que el informe toma “una distancia enorme” con el programa acordado con Macri. Aunque, claro está, no recoge todos los puntos de discordia que hay en la negociación actual con el staff.

Otras “autocríticas” que, de alguna manera, aparecen en la EPE del programa de 2018 son: el reconocimiento de que el diagnóstico del gobierno de Cambiemos sobre la inflación era equivocado y que la inflación es un fenómeno multicausal, algo que ya había aparecido en las discusiones vigentes y que no obsta la exigencia de una política monetaria más estricta para los próximos años; la aceptación de que la coordinación de precios e ingresos habría ayudado a fijar expectativas en torno a una desaceleración de la inflación; y la admisión de que aquel Stand By fracasó en su objetivo de “restaurar la confianza de los mercados en Argentina” y devolver el acceso al crédito internacional.

La visión del Gobierno

La posición del Ejecutivo argentino, incluida en la posición, señala dos cuestiones. Por un lado, que, efectivamente, el programa de 2018 fracasó porque no logró cumplir con ninguno de estos cuatro objetivos trazados en el acuerdo: restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables de la sociedad, fortalecer el marco para reducir la inflación y disminuir las tensiones en la balanza de pagos.

Por otro lado, planteó que “es aún insuficiente” la advertencia que hace el Fondo “sobre los riesgos de un ajuste fiscal en contextos recesivos”. Básicamente, este es hoy por hoy el nudo del debate para el programa plurianual en ciernes. Fuentes oficiales señalaron que, por eso, la posición argentina incluyó como problemas del Stand By de Mari que haya partido de negar la restricción externa como problema estructural del país y que haya considerado que un plan de estabilización por sí mismo fuera a generar crecimiento. “El crecimiento es condición de la estabilidad y no al revés”, enfatizaron.

En concreto, como contó Ámbito, uno de los focos centrales de discusión aún no saldados pasa con el staff del FMI pasan por el ritmo de recuperación de la actividad para el próximo año: Guzmán plantea un 4% y el Fondo no se mueve demasiado del 2,5% porque teme que una reactivación mayor impida acumular las reservas (a mayor crecimiento, más importaciones) que garanticen el repago a partir de 2026. Otro de los puntos está estrechamente ligado. El Fondo pide una reducción más acelerada del financiamiento monetario del Tesoro (la emisión) que la que propone el Gobierno, lo que en los hechos implicaría un ajuste fiscal más rápido que afectaría la reactivación.

Además de la revisión sobre el cumplimiento del artículo VI del estatuto del Fondo, la posición del Gobierno plasmada en la EPE “recomienda”: dar una definición adecuada al concepto de “ownership” para que en el futuro la apropiación de un programa incluya al Congreso, la sociedad civil, sindicatos, el sector privado y la sociedad en general; establecer la necesidad de evitar el uso político de los programas del FMI; y considerar en el futuro realidades específicas, como el caso de Argentina, en donde el crecimiento es condición precedente para la estabilidad y no al revés.