“Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales”, expresó el Representante.

En el marco de las recientes protestas, la Oficina ha recibido denuncias de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, resultando en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza. También recabó antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos. Según reportes, además, particulares han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la legislatura provincial.

“Las autoridades, provinciales y nacionales, deben investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”, instó Jarab.

Respecto de la reforma adoptada este martes 20 de junio por la legislatura provincial de Jujuy, el Representante estimó que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”. Citando entidades de la ONU como el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica, Jarab aseveró que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que estas puedan generar.

ONU Derechos Humanos también ha recibido información de que el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas. Al respecto, el Representante recordó que “el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial”.

Desde una mirada amplia, para Jarab la situación en Jujuy se vincula con dos temas centrales que han sido objeto de seguimiento por parte de su Oficina en esta y otras provincias del país, como son la violencia institucional y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el Representante reiteró la disposición de ONU Derechos Humanos para acompañar al Estado argentino en sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia frente a este y otros desafíos.