Alberto Fernández cumplirá 61 años el 2 de abril. El Presidente roza el grupo de riesgo que más afecta el coronavirus y, en junio del año pasado, estuvo internado durante 48 horas en el Sanatorio Otamendi por una “inflamación pleural” -de los tejidos que recubren los pulmones-, con tos seca, dolor de garganta y en el pecho. Cristina Fernández de Kirchner, de 67 años, directamente pertenece al grupo poblacional más expuesto que integran los mayores de 65 años. El Presidente no sólo suspendió un acto que tenía previsto para hoy junto a más de 300 intendentes de todo el país en el Museo del Bicentenario. Ayer mantuvo una reunión de urgencia en Casa Rosada con Santiago Cafiero y Vilma Ibarra para sondear el formato con el cual declararán obligatoria la cuarentena para quienes regresen de países afectados en base al artículo 202 del Código Penal de la Nación.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, directamente canceló sus viajes al exterior y realizará las negociaciones por la reestructuración de la deuda a través de videoconferencia, como consecuencia del avance del coronavirus. La pandemia declarada este miércoles por la Organización Mundial de la Salud se coló en el tope de la agenda del gobierno nacional en un giro que vuelve a ubicar a la política doméstica, en este caso la sanitaria, por encima de las urgencias de los acreedores privados y el del Fondo Monetario Internacional.
La Casa Rosada ya descartó la firma de un decreto de necesidad y urgencia para establecer la obligatoriedad de la cuarentena domiciliaria de 14 días, y las sanciones por violarla, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional no puede legislar materia penal. Se deberá aplicar los artículos 202 y 205 del Código Penal de la Nación, vigente desde 1921 y previsto en aquel entonces para evitar el contagio de enfermedades venéreas. “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, reza el tipo penal abierto que contiene el Código. Desde la perspectiva de la Teoría del Delito se trata de un tipo penal abierto ya que el artículo 202 no cumple con la exigencia de ser una descripción estricta y precisa de una conducta considerada infractora del ordenamiento jurídico. Es decir, hace falta una reglamentación adicional para especificar que conductas se subsumirían en una “propagación” para ser sancionadas. El artículo 205 completa el concepto y establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
En Casa Rosada reinaba el hermetismo y se hablaba de una disposición, del Ministerio de la Salud de la Nación, con un “Paquete de medidas” más allá de la cuarentena. No estaba descartada la declaración de la emergencia sanitaria a nivel nacional. Algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, como Escobar a cargo de Ariel Sujarchuk, ya declararon la “emergencia sanitaria preventiva” por el coronavirus.
La Cancillería emitió un comunicado, que se replicó en el resto de los Ministerios donde advierte que “todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería que hubiesen ingresado al país desde el exterior, provenientes de los países con transmisión local del COVID-19, deberán permanecer en sus hogares durante 14 días, en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación”. Los países que se consideran de transmisión local son, por ahora, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.
En la Cámara de Diputados, Sergio Massa también instruementó medidas especiales y ya detectó a los trabajadores que tuvieron licencia en los últimos 30 días. El estudio arrojó que 757 empleados estuvieron de licencia de los cuales al menos 55 viajaron al exterior. Los países declarados por la mayor parte del personal que se trasladó fuera del país fueron Chile, Brasil, Uruguay, España, Estados Unidos y Colombia. El personal se encuentra bajo seguimiento de la Dirección Médica frente a la definición de las conductas sugeridas. A la fecha a veintiocho (28) casos se indicó licencia profiláctica.
En una entrevista radial, el Presidente recordó ayer que quienes regresen de los países más afectados por el coronavirus “tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa”, y advirtió que “si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública” por violar la cuarentena.
Fernández anunció además que se conocerán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país, y también mencionó que en los próximos días se analizará “qué vamos a hacer con los espectáculos públicos, porque la posibilidad de difundir el virus existe”, al tiempo que anunció que “evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia”.
“No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, aseveró el Presidente. Fernández se refirió también a las críticas hacia el ministro de Salud, Ginés González García, quien días antes del primer caso de coronavirus en Argentina había dicho que no sería inminente la llegada del virus al país.
Para el mandatario, las palabras de Gines tuvieron “la misma lógica que imperaba en los infectólogos”. “El virus aparentemente se destruye con el calor, y Argentina y América latina están todavía en verano, entonces lo que todos los infectólogos planteaban era que iba a llegar más tarde”, agregó.
“Nos llamó la atención porque en todas las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud decía que el virus se propaga en condiciones de frío: no era de esperar que el problema se desate en una Buenos Aires con 30 grados de calor”, sostuvo.
Fernández recordó asimismo que “las personas de más de 65 años son las que más riesgo corren” de contraer la enfermedad, pero llevó tranquilidad al señalar que “el virus es absolutamente tratable, con un índice de mortalidad bastante bajo”, aunque puede tener consecuencias más graves “si se encuentra con personas de debilidad física”, como lo fue “el caso mortal de Argentina”.
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