En un fallo considerado histórico por las organizaciones ambientalistas, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex secretarios de  Ambiente de la Nación y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) por la violación de la ley de Glaciares, en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la mina Veladero en 2015. La resolución también encomienda al gobierno que “establezca de modo urgente si ha existido daño ambiental”, y remarca que si se hubiera cumplido la ley no habría habido derrames. El abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que impulsa la causa, Diego Seguí, dijo a este diario que “ el fallo es importante porque hay siete proyectos más de la envergadura de Veladero y un proyecto del gobierno para modificar la ley de Glaciares”. “En el dictamen el juez envía dos señales. Dice que la ley se va a tener que cumplir, y hace una advertencia al Congreso diciendo que si se flexibiliza queda desprotegido lo que la ley protege en los términos actuales. Y hay un principio de no regresión ambiental que indica que los estándares de protección pueden mantenerse o aumentar, pero no retroceder”, detalló.

En el escrito, Casanello procesó por abuso de autoridad, embargó por cinco millones de pesos y prohibió salir del país a los ex secretarios Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso por incumplir con el control de la ley de glaciares. También, en los mismos términos, procesó al ex director del Ianigla, Ricardo Villalba.

En los fundamentos, sostuvo que “se verificaron claras omisiones por parte de los funcionarios públicos imputados: no relevaron ni inventariaron con la amplitud y urgencia requerida por la ley”. “Retardaron la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificaron los presupuestos mínimos de protección de los glaciares”, afirmó el magistrado, quien concluyó que los imputados “en definitiva, no cumplieron con el mandato legal de conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”.

Seguí explicó que tras el primer derrame de metales pesados de la Barrick Gold, en 2015, se inició una causa por violación a la ley de Residuos Peligrosos. “Después, tras los otros dos derrames, le solicitamos al juez que reformulara la carátula porque no podían suceder derrames de modo reiterado en donde está Veladero, que es zona periglaciar, si se hubiera hecho el inventario como lo estipula la ley de Glaciares”.  

El abogado sostuvo que el fallo “reconoce que de haberse cumplido la ley no se hubieran producido los derrames porque el valle de lixiviación es ambiente periglaciar. Esto lo reconoció la minera en su propio informe de impacto ambiental, pero Ianiglia elaboró un documento en el que viola la ley de Glaciares al mandar a inventariar glaciares de más de una hectárea, cuando la ley nada dice de la superficie, y dejó afuera el ambiente periglaciar de la mina. Por esto, el juez manda a (Sergio) Bergman que haga el relevamiento de los daños en Veladero. Le manda a hacer la auditoria que nunca hicieron”.

Para el letrado, el escrito también es una advertencia para la Cámara de Diputados, donde está en estudio la modificación de la ley de Glaciares por pedido de las compañías mineras. “Cuando Casanello durante la investigación allanó los Ministerios de Ambiente y de Energía, secuestró el anteproyecto para modificar la ley, apoyado en el documento de Ianiglia que subvierte el texto de la norma. Casanello le está diciendo a los diputados que si se usa esa literatura para flexibilizar van a desproteger el medio ambiente”, señaló. “No me extrañaría que en el futuro Bergman sea citado a declarar porque lo alcanza el mismo grado de incumplimiento de la ley”, agregó el abogado.