“Deberíamos estar regocijándonos que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público”, dijo anoche en tono festivo el presidente Javier Milei, en la cena de la Fundación Libertad. Parte de ese recorte, que, según cifras del propio mandatario, totaliza una caída real 35% del gasto público total, lo explica la interrupción de la entrega de remedios.

Mientras pacientes con cáncer y otras enfermedades graves inundaron de medidas cautelares los tribunales para que el Gobierno nacional les vuelva a suministrar los medicamentos esenciales para sus respectivos tratamientos, una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Salud Mario Russo comenzó a dar sus primeros pasos en Comodoro Py.

Un abogado particular inició la demanda por los delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, “eventualmente”, asociación ilícita. Se trata de Daniel Ramón Trava, quien, según pudo confirmar Ámbito, ya fue convocado por el fiscal Carlos Rívolo a ratificar la denuncia el próximo 30 de abril a las 10 de la mañana.

Mistanacia

Para el abogado, el corte de suministro de medicamentos para pacientes con cáncer u otras enfermedades graves o denominadas “raras” y la consecuente muerte de esas personas, implica lo que se denomina “mistanacia” o “eutanasia social”. Según señala la denuncia, se trata de muertes “por el abandono indigno de las personas, a las cuales el Estado debe proteger durante su vida entera, y no solo en las fases avanzadas y terminales de sus enfermedades”.

Según explica el denunciante “este término (mistanacia) se refiere a aquellas personas que, aquejadas por graves enfermedades, solo pueden solventar sus tratamientos con la ayuda inexcusable y obligatoria del Estado”, por eso concluye que “las víctimas de Mistanacia son las personas que no disponen de las condiciones financieras para acarrear con los costos derivados de los propios tratamientos de salud”.

Para Trava, debe investigarse el desfinanciamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), su traspaso de Capital Humano a Salud y la paralización de la dependencia desde diciembre del año pasado, cuando asumió Javier Milei. La denuncia resalta que “no está cumpliendo con su obligación de continuar entregando los subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos, y tampoco resuelve los nuevos pedidos". "En definitiva, cientos de argentinas y argentinos, han dejado de recibir la medicación para el tratamiento del cáncer, otras enfermedades patológicas severas o enfermedades, de las denominada raras”, agrega.

Mientras prepara la ratificación de su denuncia para la semana próxima, Trava comenzó a contactar a pacientes damnificados que no están recibiendo medicación y a familiares de las personas que murieron esperando los remedios para sus tratamientos que nunca llegaron, para que se puedan constituir como querellantes.

Medidas de prueba

Luego de la ratificación, el fiscal quedará habilitado para pedirle al juez de la causa Daniel Rafecas todas o algunas de las medidas de prueba propuestas por la denuncia. Entre ellas, solicitudes de información pública sobre el monto del presupuesto adjudicado a la DADSE y lo ejecutado hasta el momento; que el gobierno remita el “listado completo de adjudicatarios del subsidio, con indicación de patología, medicamentos a suministrar, periodicidad y costos a la fecha desglosados por provincias y localidades”; que se remita el listado completo de los pedidos en trámite y el estado actual de los mismos.

Al mismo tiempo, el abogado sugiere que podría haber un desvío de fondos, por lo que pide que se investigue “si desde la Presidencia de la Nación se decidió recortar al Ministerio de Salud de su presupuesto la suma de Ciento cuarenta mil millones de pesos (140.000.000.000,00); e indique, asimismo, esa partida a que otra u otras áreas fue adjudicada”.