Cuando Gerardo Aires llegó a la clínica Santa Clara, en Quilmes, le dieron el número 31. Un papelito violeta. En ese momento estaban llamando al 110. Ante su desconcierto, un empleado le explicó: “cuando lleguen al 300 amarillo empiezan a llamar a los violetas”. Él estaba allí para intentar revalidar la documentación y sostener la pensión por invalidez de su hermana, con esquizofrenia y psicosis. Le faltaban 221 números para ser atendido.

Esa tarde del 19 de marzo, Gerardo asistió con un turno previamente asignado: su hermana había recibido la citación por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Fue una de las 300 mil personas convocadas en esta fase del proceso de auditoría impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación para el “reordenamiento” del sistema.

“Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad se mantienen, se espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos para este año”, celebró la cartera que conduce Mario Lugones para dar cuenta del ajuste. Cada pensión que se recorta equivale al 70% de una jubilación mínima. Migajas.

El ajuste en las pensiones: no es trámite, es maltrato

Hasta el año pasado, Gerardo tramitaba todo lo relacionado con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de su hermana en el hospital a 15 cuadras de su casa. Para esta auditoría tuvo que ir de Burzaco a Don Bosco. Llevó el documento y la historia clínica, pero apenas estuvo unos minutos en el consultorio, tras más de cinco horas de espera.

Les daban una ‘constancia de asistencia de evaluación Andis’. "Pero nadie evaluó nada. Tomaron los datos, era como decir ‘presente’. Para eso habíamos estado esperando afuera sin ni una silla, sin agua. Me fui con una bronca, con dolor de cintura. Había gente que no podía estar de pie. Uno está acostumbrado a los trámites, pero una cosa es el trámite y otra es el maltrato”, describió Gerardo. Si por algún motivo no hubiera asistido al turno, su hermana perdía la pensión automáticamente.

El proceso de auditorías comenzó el año pasado en Ciudad de Buenos Aires y también hubo inconvenientes. “Enviamos una nota advirtiendo sobre los problemas que veíamos en la auditoría, vinculados a la falta de accesibilidad, de apoyos. Nunca tuvimos respuesta”, contó Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Las dudas y complicaciones fueron tantas que elaboraron una guía para quienes están recibiendo la citación.

Desde Andis aseguraron que “se ha reforzado la respuesta incorporando nuevos profesionales de la salud que se sumaron a las atenciones médicas, normalizando la atención con el correr de las horas”. Agregaron que “se contemplan las distintas situaciones de complejidad climáticas y temporales, habiéndose suspendido así los turnos en las zonas azotadas por el temporal”. Menos mal.

Discriminación y retroceso

Las filas larguísimas, las horas de espera y las citaciones en puntos lejanos son solo una parte del problema. El proceso de revisión se anunció en septiembre del año pasado, cuando el Gobierno detectó “inconsistencias alarmantes” en el relevamiento de algo más de diez mil pensiones previamente otorgadas (sobre un total de alrededor de un millón). No sólo se planteó una auditoría sino también un cambio en las condiciones de acceso a ese derecho, algo que las organizaciones alertaron desde entonces, definiéndolo como un retroceso.

El cambio está establecido en la Resolución 187, famosa por contener expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a personas con discapacidad. Pese a que –por el escándalo que generó– se aseguró su modificación, esa normativa sigue vigente.

“Más allá de la terminología, que es arcaica hasta para el modelo médico, esa resolución reglamenta cómo se mide el 66% de invalidez que es el requisito que volvieron a instalar el año pasado para acceder a la pensión. Se utiliza un baremo médico, cuando no debería ser así. Cuando se modifiquen los términos va a seguir siendo problemático y contrario a la Convención, que en Argentina tiene rango constitucional”, remarcó Arcucci.

Según la Andis, “se está tramitando el expediente para la pronta publicación de una próxima Resolución que reemplace la anterior” y “los términos señalados no se utilizaron en ningún momento, ni en formularios, bases de datos o documentación alguna”. Pero siguen ahí, en el anexo del Boletín Oficial, con la firma de Diego Spagnuolo, presidente de la entidad. Hoy en la Argentina sigue vigente la clasificación de La Libertad Avanza de “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.

Pero las mayores angustias son las generadas por los recortes de los beneficios. “Mucha gente usa esta pensión para pagarse una prepaga y acceder a los tratamientos, hay un montón de factores y situaciones que no son tenidos en cuenta con esta resolución. Por eso pedimos que se anule”, dice Gabriela Troiano, referenta de la  Red de Personas con Discapacidad (REDI).

Reclama “que las auditorías sean graduadas, porque no da abasto el propio Estado para hacerlas. Muchas veces no mandan la citación al domicilio real, no tienen en cuenta los tiempos para hacerse los estudios, para viajar. ¿Cómo hacen las personas que tienen Incluir Salud y su única seguridad social es la que brinda la pensión, si no les dan los turnos en tiempo y forma? Es perverso. Podríamos decir que es violencia institucional”.

"Es inadmisible, uno la piensa como un derecho"

Nicolás Mazza es uno de los directores de Ideharcelas, centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Allí asiste una de las familias que filmó las largas filas de espera para quienes terminaron citados por la Andis: fue uno de los videos que se viralizó: “es inadmisible que se esté cuestionando una pensión cuando uno la piensa como un derecho. Es un cambio de paradigma, un recorte”.

Mazza advirtió que la gravedad de las políticas contra el sector están logrando algo inédito: que confluyan los reclamos de las familias con los de trabajadoras y trabajadores. Con prestadores de tratamientos, transporte y otras atenciones a personas con discapacidad. “Tenemos retrasos en los pagos, congelamiento en aranceles, el último ajuste fue del 0,5% en diciembre y algunas obras sociales ni lo pagaron. Es todo parte de un ajuste”, sostuvo.