El Ministerio de Capital Humano le propuso al Poder Judicial que las áreas de desarrollo social de todas las provincias se sumen al plan para repartir los alimentos almacenados en dos galpones de la Capital Federal y la provincia de Tucumán. Sin embargo, ratificó que la comida no será enviada a los comedores populares sino que seguirá siendo distribuida a las denominadas “escuelas vulnerables”.

Mediante dos documentos aportados hoy en la causa judicial que tramita ante el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, el ministerio de Sandra Pettovello aseguró que comparte los objetivos de asistir a las personas en situación de vulnerabilidad, pese a lo cual desde su descubrimiento (periodístico) hasta ahora sólo se repartió leche en polvo y harina de maíz.

“En relación con la distribución de alimentos en las escuelas vulnerables, convocamos a todos los Ministerios de Desarrollo Social provinciales a participar en la distribución de los alimentos que este Ministerio tiene en stock, conforme surge de las constancias que se adjuntan”, sostiene uno de los documentos presentados esta tarde en el expediente.

“Los porcentajes de asignación de alimentos en las provincias que adhieran se definirán a partir de una lógica de distribuidor de recursos alimentarios utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación). La manifestación de voluntad deberá efectuarse en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente.  Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos”, añade el texto, firmado por Leila Gianni, la nueva subsecretaria Legal del Ministerio.

Las provincias que deseen participar en el reparto de los alimentos deberán ir a buscarla a los depósitos. “La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración que deberá suscribirse a tal efecto”.

Ese acuerdo de partes será el que establezca qué le corresponderá a cada provincia. “El referido Convenio servirá para establecer cantidades y tipos de alimentos, las gestiones necesarias para el retiro de los alimentos en los mencionados depósitos, obligaciones y responsabilidades, cronogramas y plazos”.

Capital Humano explicó que no había repartido la yerba mate que tenía almacenada porque un informe técnico indicaba que no cumplía con los estándares de sanidad.  “Sin embargo, cabe destacar que habiendo remitido muestras de aquella mercadería para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se ha recibido el informe pertinente, acompañado a la presente, del que surge que las muestras suministradas cumplirían con los parámetros establecidos”. Ello significa que la entrega de la yerba se demoró sin razón válida que lo justificara.

El expediente se trata de una denuncia del dirigente social Juan Grabois contra la ministra Pettovello por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La detección de los alimentos, que viene a confirmar la omisión del reparto y –por consiguiente- el incumplimiento, se debió a una investigación del periodista Ari Lijalad. Pero el asunto de fondo es el incumplimiento de los deberes del funcionario público en el reparto de la comida.

Insólitamente, Capital Humano le pidió al Poder Judicial que le indique qué hacer con la yerba. “En función de lo expuesto, y respecto de los paquetes de yerba de las marcas ‘EL BUEN OJO’ y ‘SIERRA DEL IMÁN’, se solicita a V. S.  se indique a este organismo el temperamento a adoptar con relación a la distribución del mencionado producto”, reza textualmente el documento. Y añade: “Para el caso en que se indique a este Ministerio que debe procederse a su distribución, proponemos incluir dicho producto dentro de los alimentos cuya distribución se realizará en las escuelas vulnerables”.

La funcionaria Gianni indicó en la nota que “no existen diferencias de objetivos entre lo dispuesto por el Tribunal y las decisiones que ya habían sido adoptadas en la sede de este Ministerio, ambos guiados evidentemente por el alto propósito de contribuir a paliar las necesidades alimentarias de sectores vulnerables”.

En ese contexto, recordó que fueron repartidas 465 toneladas de leche en polvo que “por la proximidad de su fecha de vencimiento se consideró oportuna y conveniente su inmediata distribución, para lo cual la Ministra de Capital Humano suscribió con la Fundación CONIN un Convenio a tal fin y se coordinó su inmediata distribución a través del Ministerio de Defensa”.

Pero añadió a ello que también se repartió una cantidad imprecisa de harina de maíz, con idéntica modalidad: “Mismo temperamento se adoptó desde el Ministerio con el stock existente de harina de maíz”. Eso era desconocido hasta ahora.

Hay algo más llamativo. La nota especifica que “en esta instancia corresponde aclarar que, de acuerdo a lo informado por la Fundación CONIN, ‘por razones de logística, tanto de almacenamiento como de necesidades’, la distribución de la Harina de Maíz fue realizada al Municipio de Capitán Sarmiento en lugar de las localidades de San Isidro y Hurlingham”. Es decir que la indicación era distribuir la harina de maíz en un lugar, pero la Fundación CONIN resolvió, per se, entregarlo en otro.