El webinario titulado Imprescriptibilidad de abusos sexuales en la infancia. El caso argentino: Aproximaciones y desafíos, estuvo centrado en la situación de nuestro país y contó con la organización conjunta de entidades de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la psicóloga y sobreviviente Lic. Sonia Almada; el periodista y sobreviviente, Juan Pedro Aleart; la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y los abogados con amplia trayectoria en la materia los Dres. Sergio Salinas y Javier Moral. El webinario contó con la moderación del periodista peruano Pedro Salinas.

Según datos del Ministerio de Justicia de Argentina, se registraron 14.424 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022. La misma fuente destaca los niños, niñas y adolescentes representan el 58% del total de víctimas de violencia sexual en el país y seis de cada diez víctimas eran niñas y el agresor en el 85% de los casos, era una persona cercana a la víctima.

La directora de la Asociación Civil Aralma, Lic. Sonia Almada, psicóloga y Magíster en Violencia contra la infancia además de sobreviviente de violencia sexual y maltrato dio el puntapié inicial para recordar que en Argentina “no cuenta con un plan de acción nacional para abordar los casos de violencia, incluidas la explotación sexual comercial la edad de consentimiento sexual de 13 años está muy por debajo del estándar internacional de 16 años, y el país todavía no ha eliminado la prescripción penal, el tema que nos convoca”.

Explicó que si bien existen avances legislativos aún no son suficientes. “Son leyes que sin querer discriminan a las victimas según el año en que han padecido violencia sexual y malos tratos concomitantes. Hablo aquí de malos tratos concomitantes porque me interesa recalcar las múltiples violencias que padecemos las víctima de agresiones sexuales en el momento y después del crimen. No solo se es víctima de un crimen de índole sexual sino que hay otras formas de malos tratos, concomitantes al delito, que también deben ser registradas como la humillación ,
las amenazas, los golpes, y las diferentes formas de silenciamiento, como también las secuelas”.

A su turno, tomó la palabra Sergio Salinas, abogado penalista y especialista en Derechos Humanos. Fue el letrado querellante en representación de las víctimas de la comunidad sorda del Instituto Próvolo en Luján de Cuyo en Mendoza, además de miembro de Ending Clergy Abuse (ECA) y de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (XUMEK).

En base a su extensa experiencia afirma que “hemos llevado esta temática a niveles internacionales porque consideramos que estos delitos no son aislados. Son delitos que afectan a las personas más allá de la carne. Afectan a la humanidad en toda su dignidad”.

En sus declaraciones confía en que “ha llegado el fin a la prescripción de la acción penal pero no sabemos cuándo”. Asimismo agregó que “no tenemos que llevar esperanzas sinsentido” a quienes esperan una respuesta. Salinas estableció un punto de inflexión y fue en 1990 cuando el Estado argentino adhirió a la Convención de los Derechos del Niño que es cuando se firmó formalmente la adhesión a la normativa internacional.

Por su parte, Juan Pedro Aleart, periodista con casi dos décadas de trayectorias en medios de comunicación y sobreviviente de violencia sexual en la infancia y que hizo público su padecimiento meses atrás expresó que “soy optimista. La prescripción tiene los días contados. Veo que hay piezas que se están moviendo para que se termine y nuestro país sea ejemplo para el resto del continente”. Continuó diciendo que los sobrevivientes “son revictimizados una y otra vez distinta forma. El que decide denunciar se puede encontrar con la desestimación de la denuncia, o con jueces que digan que los hecho son creíbles y fundados pero que no pueden hacer nada. El
abusador te arruina la vida, te psicopatea, te aterroriza para que no lo recuerdes pero cuando lo recordás y te animás a denunciar, el Estado te castiga porque eso es para mí la prescripción, un castigo por no haber denunciado antes”.

En base a su historia personal calificó como sentirse “muerto en vida” y asocia al rol que juega el Estado que “actúa como esos padres” que no protegen a los más vulnerables. Lanzó que Argentina está bajo un “sistema extremadamente perverso que aún haciendo público el hecho, también se revictimiza”.

Javier Moral es abogado especialista en la defensa de víctimas de violencia sexual con amplia experiencia en casos de abusos de posición dominante y daños derivados y patrocinante de Lucas Benvenuto, quien lleva adelante una denuncia contra un conductor de televisión en Argentina. En un inicio se refirió a las estadísticas vigentes, a las que considera que son incompletas dado que están realizadas en base a “condenas. No están ni los absueltos ni las causas prescriptas ni otras que no se denunciaron y conforman un universo que no tenemos conocimiento”.

En sintonía con Almada, planteó que “no tenemos un organismo que se encargue de identificar, obtener y sistematizar datos” en relación a la violencia sexual. Si bien se mostró optimista con la necesidad de avances legislativos prefirió “no brindar falsas expectativas” pero sí “un mensaje de esperanza sin perder de vista que se trata (en la mayoría de los casos) de un delito que se da entre cuatro paredes”. Sobre el final de su exposición consideró fundamental la capacitación a operadores judiciales y periodistas.

Finalmente expuso su punto de vista, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning quien presentó dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de la Asociación Civil Aralma sobre la imprescriptibilidad de la acción penal y para la creación de una comisión investigadora de la verdad y la reparación (el desagravio). Expresó que “Argentina tiene una deuda pendiente con los niños, niñas y adolescentes”, en relación a este y otros temas que legislan sobre las infancias y adolescencias.

Recordó que integra las comisiones de Niñez, Familia y Juventudes y Legislación Penal donde se trabaja fuertemente en varios aspectos. Sobre los proyectos que se relacionan con los delitos de violencia sexual aclaró que “me comprometí como diputada a acompañar esta causa para tener herramientas legales para las víctimas que han sufrido gravísimas violaciones a los derechos humanos”. Asimismo mencionó que sobre la prescripción existieron dos debates en el Congreso de la Nación, uno en 2011 y otro en 2015 pero “todavía estamos planteando que no es suficiente”. La legisladora además abogó por normas unificadas en torno a lo que respecta a NNA en el país.