Como reparación simbólica, requirió que se envíe copia de la eventual condena al colegio de abogados local, para que juzgue la idoneidad ética para ejercer la profesión de amos acusados

En la última jornada de su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, el fiscal general Miguel Palazzani solicitó que se imponga la pena de 25 años de prisión para el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, por crímenes de lesa humanidad en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

La fiscalía pidió también para Duarte y a Ortiz inhabilitación absoluta al considerarlos autores penalmente responsables del delito de omisión de promover la acción penal -en el caso de Duarte reiterado en 25 oportunidades, y en el de Ortiz en 24 hechos-; y por ser partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y por ser la víctima una perseguida política, reiterado en ocho oportunidades. Asimismo, Duarte fue considerado autor del delito de prevaricato cometido en 17 hechos, por el cual la fiscalía requirió la inhabilitación perpetua.

Por otra parte, el representante solicitó que los imputados dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio millonarias” y que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) adecúe los haberes previsionales. Asimismo, requirió que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de que se arbitren las acciones administrativas y judiciales para que se reclame la devolución lo que ilegítimamente se pagó como jubilación.

También solicitó como medida de reparación simbólica que se remita copia de la eventual sentencia a los colegios de abogados de la provincia de Neuquén “para que se arbitren los procedimientos disciplinarios correspondientes a efectos de juzgar la idoneidad ética de los matriculados Duarte y Ortiz para ejercer la profesión, como modo de contribuir, desde esa institución, al proceso de memoria y verdad”.

Asimismo, Palazzani pidió una señalización en el edificio de la calle Sarmiento 444 -donde funcionó hasta 1978 el Juzgado Federal de Neuquén- con una leyenda que diga “que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de funcionarios judiciales”.

Hace décadas los familiares desesperados recurrían al juez y al fiscal. Era su último refugio y defraudaron de manera criminal esas expectativas. Llegó la hora de restaurar, en parte, la confianza

“Jubilaciones de privilegio millonarias”

Cuando abordó el tema de las jubilaciones que perciben los imputados,  la fiscalía solicitó que se disponga la remisión de la sentencia a la ANSES, a los fines de adecuar los haberes previsionales que perciben los imputados a la disposición del régimen común vigente sobre el sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

“A criterio del Ministerio Publico Fiscal vienen percibiendo ilegítimamente estas jubilaciones desde hace décadas” advirtió Palazzani y describió el recorrido profesional de ambos imputados que terminaron jubilándose, Duarte a los 47 años y Ortiz a los 42.

Sobre ese punto, señaló que “ninguno cumplió ni con el requisito de los 30 años de antigüedad ni el de los 60 años que exige la ley 24.018” y agregó que “sin embargo, se encuentran en la actualidad cobrando millones de pesos en las mismas condiciones, conservando hasta la fecha el estado judicial que prevé dicha normativa, lo cual implica una flagrante violación al principio constitucional de igualdad ante la ley”.

Al respecto, indicó que para sus casos “se les exigió que al momento de cesar hubiesen cumplido cinco años como juez y fiscal” y además señalo que les permitieron “computar, dentro de los 20 años de servicio, los años en el Ejercito a Duarte, y los años como secretario del Poder Judicial de Rio Negro a Ortiz”.

“Ortiz y Duarte cobran estas sumas de jubilación desde hace casi cuarenta años por haberse acogido a un régimen jubilatorio que fue previsto por las autoridades de facto para propiciar la salida decorosa y recompensada de los miembros del Poder Judicial, que no iban a ser confirmados por el Poder Legislativo elegido democráticamente”, señaló.

“Deshonraron al Poder Judicial”

Al finalizar la audiencia, Palazzani sostuvo: “Creemos que estamos ante la oportunidad que con estas medidas de reparación el Poder Judicial pueda, de alguna manera, volver a mirar a la cara a los ciudadanos neuquinos, sin esta cuenta pendiente”.

“No sólo estamos aquí para conocer la verdad histórica, sino también para solicitar una sanción adecuada”, expresó el fiscal y agregó: “Venimos a poner fin a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad”.

Asimismo, indicó que “no se puede hacer del sistema punitivo y judicial una herramienta perversa para darle cobertura al terror”.

Por último, indicó que “los dos acusados no han sido ajenos al daño y sufrimiento de los familiares, al contrario, han sido un eslabón fundamental para que ese dolor se produjera y se consolidara”.

El rol de los imputados

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

En la jornada previa de alegato -realizada el 17 de septiembre último- Palazzani se había centrado en el análisis de distintos habeas corpus que presentaron los familiares de José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Javier Seminario Ramos, víctimas de los sucesos que se investigan y entre otras frases, el fiscal afirmó: “No pudo haber Duarte sin Ortiz y viceversa, el tándem tenía que ser fiscal y juez. No había ninguna duda que estaban puestos ahí para asegurar impunidad”. La audiencia de hoy constituyó la cuarta y última del alegato fiscal, que había iniciado en la jornada de debate del 26 de agosto pasado.