El gobernador Mariano Arcioni suspendió la ley de zonificación minera cinco días después de conseguir su aprobación en la Legislatura de Chubut. La decisión se da en el marco de una fuerte rebelión popular.

Tras el anuncio, el mandatario provincial convocó a un plebiscito para que sea el pueblo de Chubut quien determine los pasos a seguir con un proyecto que, desde su presentación, provocó una fuerte polémica y que consiguió un hecho inédito a nivel local: el quiebre de la grieta política en favor y en contra de la ley.

“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, inició el gobernador.

Y confirmó que “hemos decidido derogar la ley e Impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo. Durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra ”.

Arcioni comunicó lo resuelto luego de un claro bloqueo político de parte de buena parte de aquellos dirigentes que la semana pasada instaron por un voto positivo pero que, en vistas del clamor popular, tomaron la decisión de dar marcha atrás y reconsiderar su postura. Es así que tanto el vicegobernador y presidente de la Legislatura y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo y Gustavo Sastre, respectivamente, tomaron la decisión de plantarse ante el gobernador para exigirle dar de baja la ley.

“Como dirigente debo reconocer el comportamiento de los vecinos de mi ciudad, que han salido a marchar en las calles en forma pacífica”, aseguró el jefe comunal antes de confirmar que vetará la ordenanza del HCD local que días atrás adhirió a la zonificación minera en respaldo a su propio jefe político.

Algo similar se dio en Comodoro Rivadavia, donde Juan Pablo Luque dio a conocer que se reunió con dos diputadas que habían dado su voto en favor de la zonificación minera (Adriana Casanovas y Mónica Saso) y le comunicaron al gobernador su postura de derogar el proyecto. “Oír a la gente siempre debe ser la prioridad de la dirigencia política y así lo ha entendido el gobernador de nuestra provincia ”, sostuvo.

Con este cambio de postura, Arcioni dejó de tener los votos necesarios para poder ir en contra del proyecto de derogación presentado en la Legislatura y, por esto, prefirió dar el paso primero. "Es un posicionamiento político. Una cosa es que te den vuelta una ley esencial en la legislatura y otra es hacerlo dejando en claro que escuchás a la gente ”, le dijo a Ámbito un dirigente oficialista.

Arcioni había conseguido su primer triunfo político como gobernador en mucho tiempo. Y una respuesta clara al presidente Alberto Fernández, quien le había pedido la aprobación de una ley que podría generar ingresos sostenidos para el país y la provincia más la generación de fuentes de empleo para una zona compleja como la meseta.

Sin embargo, el levantamiento popular que llevó a la quema de la Casa de Gobierno de Rawson, las marchas en todas las ciudades y los cortes de ruta que, hasta las últimas horas, continuaban activos, obligaron a que el gobernador tenga que dar marcha atrás y, de esta manera, anotarse una nueva derrota política luego de que sus candidatos para el Congreso terminaran en el cuarto lugar, con solo en 10 por ciento de los votos, en las recientes elecciones legislativas.

Cómo fue la votación y el pacto político detrás de la ley de minería

La iniciativa, que había sido enviada por el gobierno provincial el año pasado, contaba con dictamen de Comisión pero no había podido ser tratada en el recinto debido a los constantes incidentes provocados en la previa de cada una de las sesiones en las que se sabía que podía tratarse.

Es por esto que, como parte de una estrategia política de silencio, y con el objetivo de garantizar la seguridad interna, el oficialismo se guardó hasta el final el tratamiento de la ley 128. El mismo miércoles por la tarde noche, ni la empresa canadiense Pan American Silver, responsable del proyecto Navidad (que conlleva inversiones por un monto cercano a los 1200 millones de dólares), estaba al tanto del movimiento de la Legislatura.

Fuentes internas de la Legislatura le habían asegurado a Ámbito que no estaba previsto tratarse ese día, pero dejaron abierta la posibilidad de que el voto se haga el jueves. Sin embargo, diputado arcionista Juan Pais pidió agregar el dictamen 128 y dos presidentes de bloque se negaron: Leyla Lloyd Jones, en representación del intendente de Trelew, Adrián Maderna, y el radical Manuel Pagliaroni. Pero el resto de los presidentes aceptó, se sometió al voto y la ley salió aprobada por 14 a 11 con dos ausencias: Xenia Gabella, referenciada en el vicegobernador y titular de la Legislatura, Ricardo Sastre, y Mario Mansilla, del Frente de Todos.

La votación no solo expuso diferentes posturas entre los diversos bloque sino que, además, dejó a la vista las internas con las que cuentan los propios legisladores y a quienes representan. De esta manera el Frente de Todos tuvo 3 diputados por la negativa y 2 por la positiva, el arcionismo contó con 9 a favor y 2 en contra; mientras que la oposición también mostró sus posiciones encontradas: con el PRO a mano alzada y la UCR en desacuerdo.

“Votaron de espaldas al pueblo. Entre gallos y medianoche. Traicionaron a la gente que los puso en esa banca porque el 80 por ciento de la Provincia no quiere saber nada con la minería. Es una vergüenza”, le dijo a Ámbito la diputada Lloyd Jones.

Y sobre los movimientos antimineros que ya exigen derogar la ley, opinó que “hay que hacerlo. El pueblo es nuestra herramienta principal. El agua vale más que el oro. No queremos que nos contaminen. Hay pueblos chicos y grandes sin agua y ahora encima la van a contaminar”.