Casi tres años después de lo previsto, comenzó esta semana el juicio oral y público en el que la Justicia jujeña evaluará la responsabilidad de 23 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura cívico militar en los secuestros, torturas, desapariciones y muertes de obreros de Mina El Aguilar y del Ingenio Ledesma, entre un total de un centenar de víctimas. En esa lista de acusados, no obstante, hay dos estelares que faltan: los máximos dirigentes de Ledesma, Carlos Blaquier y Julio Lemos. La demora y las ausencias convierten a este debate, según la abogada querellante Paloma Alvarez Carreras, en uno “muy esperado”. “Esta megacausa es emblemática porque se van a ventilar testimonios y a reproducir pruebas que fueron valoradas para fundamentar el procesamiento de Blaquier y Lemos en los crímenes de Ledesma a pesar de que ellos no estén sentados en el banquillo”, sostuvo.

La Corte Suprema de Justicia debe, desde mediados de 2015, definir si entiende –como lo reclaman las víctimas, familiares, agrupaciones sociales y políticas y organismos de derechos humanos– que “es imposible” que Blaquier y Lemos no supieran que camionetas de Ledesma fueron usadas para secuestrar trabajadores y vecinos durante la Noche del Apagón.

El que comenzó el jueves pasado en los Tribunales de San Salvador de Jujuy es el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia y el más extenso de todos: el Tribunal Oral Federal número 1 de Jujuy debe analizar las causas que condensan las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia durante la última dictadura en contra de 118 víctimas. De ellas, 75 sobrevivieron a secuestros, torturas y delitos de índole sexual. Otras 38 permanecen desaparecidas. Entre los casos, hay varios que ya fueron analizados en juicios anteriores, pero que ahora se le endilgan a otros acusados. El caso emblemático es el de Jones Tamayo, un ex agente de inteligencia que permaneció prófugo hasta hace cuatro años. Y hay varios otros que llegan a la Justicia por primera vez. Es el caso de los trabajadores de la Mina El Aguilar y a sus familiares; a las víctimas de la Noche del Apagón, en la que trabajadores de Ingenio Ledesma y vecinos del pueblo General San Martín fueron secuestrados en camionetas de la empresa de Blaquier y encerrados en el centro clandestino Guerrero.

“En este juicio se va a evidenciar fuertemente la complicidad empresarial en el plan sistemático de exterminio desplegado por el terrorismo de Estado”, apuntó Alvarez Carreras. Blaquier y Lemos fueron procesados por la Justicia federal jujeña hace varios años por los crímenes de la noche del Apagón. La Cámara de Casación les salvó el pescuezo en marzo de 2015, luego de considerar que no había elementos para entender que ambos sabían que camionetas del ingenio, del que Blaquier es dueño y Lemos era máximo dirigente, fueron utilizadas para el secuestro de un centenar de personas, entre ellos trabajadores de Ledesma, vecinos de Libertador General San Martín y hasta el intendente del pueblo entonces, Luis Aredez. La decisión de la alzada fue llevada hasta la Corte por las querellas. El máximo tribunal aún demora su respuesta. Los dirigentes de Mina El Aguilar, en cambio, fallecieron todos.

Por los casos responderán 23 acusados: integrantes y ex integrantes del Ejército, la Gendarmería, las policías provincial y Federal y el Servicio Penitenciario que actuaron como grupos de tareas en diversos centros clandestinos de detención. Será la primera vez que se juzgan a efectivos de la Gendarmería como Jorge Borges Do Canto quien se desempeñaba como comandante, y el alférez Carlos Pérez. Otro imputado es el ex comisario de la Policía Federal Rodolfo López. Los dos militares juzgados son Mariano Braga y Juan Carlos Jones Tamayo, este último fue jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323, que estuvo prófugo durante tres años hasta que en octubre de 2014 fue detenido en Buenos Aires.Algunos llegan con prisión preventiva, otros con domiciliaria y varios en libertad.

La Justicia permitió situaciones un tanto ilógicas como, por ejemplo, que el penitenciario Juan de la Cruz Kairuz vea el juicio en el que está acusado de delitos de lesa humanidad desde su casa en Salta. No está en prisión domiciliaria, sino en libertad. “No sabemos por qué no lo obligaron a presentarse”, sostuvo la querellante.

Pero hay otro motivo por el cual el juicio es tan esperado. “Venía demoradísimo”, explicó la abogada que dirige las querellas de varios sobrevivientes y familiares de víctimas. El debate debía comenzar en diciembre de 2016 pero “fue pospuesto porque la Justicia de Jujuy decidió dedicar sus recursos a juzgar a Milagro Sala, a quien lohicieron por el escrache a (el gobernador Gerardo) Morales con un solo testimonio en contra y, encima, falso. Este juicio fue postergado para 2017 y luego para ahora. Dos años de demora que se suma a las cuatro décadas, es demasiado”, puntualizó Alvarez Carreras. En esos dos años, recuerda, fallecieron víctimas, sobrevivientes y testigos que no ahora podrán aportar su testimonio en el juicio.

La nueva batalla es por la agilización del debate. El TOF 1 propuso un cronograma de una jornada semanal de no más de cuatro horas, lo cual extenderá el debate durante, al menos tres años, calculan las fuentes, ya que se espera que cerca de 400 personas den testimonio. “La preocupación que nosotros tenemos, y en lo que insistimos, es que el TOF esté a la altura de la circunstancias y disponga de todos los recursos para atender como debe de una buena vez a este debate y a quienes esperan justicia. Son víctimas, familiares y también acusados de avanzada edad. No se puede demorar más”, remarcó la abogada.