Miembros de comunidades indígenas, docentes y activistas sociales repudiaron este jueves frente al Ministerio Público de la Acusación de la capital jujeña la imputación por homicidio culposo de unos 23 manifestantes, tras la muerte en julio pasado de una turista en la localidad de Abra Pampa, donde se realizaba un corte de ruta.

"Queremos decirle a toda la sociedad y sobre todo al gobernador Gerardo Morales que nosotros no nos rendimos, no le tenemos miedo y vamos a seguir luchando por nuestra causa en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy", expresó Natalia Macha, integrante del Tercer Malón de la Paz, frente al Ministerio Público de la Acusación en la capital jujeña.

Allí se autoconvocaron manifestantes, que denunciaron "persecución" y "amedrentamiento" por parte del Gobierno jujeño de Morales.

Un total de 23 personas es investigada por la muerte de Virginia Flores Gómez, ocurrida el 9 de julio pasado cuando viajaba en un colectivo de larga distancia por la ruta 9 y quedó varado en Abra Pampa, a raíz del corte que realizaban comunidades indígenas en protesta contra la reforma constitucional.

La mujer, de nacionalidad boliviana, sufrió una descompensación dentro del vehículo, fue atendida por el SAME y falleció en el trayecto al hospital de esa localidad, donde se intentó reanimarla.

Por el hecho, el Gobierno provincial denunció penalmente a los comuneros que realizaban protestas en la ruta 9 a la altura de Abra Pampa, Purmamarca, Humahuaca, Uquía y Tilcara.

"Nos hemos presentado de forma espontánea para ponernos a derecho porque no somos delincuentes, somos docentes y comunidades indígenas los que hemos salido a la calle en algún momento con la consigna firme para que caiga la modificación", de la Carta Magna, dijo a su turno Mercedes Maidana, docente originaria.

Los comuneros coincidieron en que la investigación es una "causa totalmente armada, en la que no se puede acreditar semejante acusación" y advirtieron que la persecución que sufren les da "más fuerza" para seguir luchando por sus demandas.

Armando Quispe, referente de comunidad indígena de Queta, consideró a esta jornada "histórica" y expresó: "Nos hemos enterado por los medios de comunicación de que se nos quiere acusar de ciertas situaciones de la que nada tenemos que ver y ninguno de los hermanos tenemos que quedar expuestos en un acta judicial".

El referente puneño sostuvo que lo que defiende el Tercer Malón de la Paz, los activistas sociales, y docentes son "los derechos humanos del pueblo jujeño contra un Gobierno avasallador, dictatorial y cómplice de las multinacionales".

Lorena Mamaní, una de las representantes legales de los acusados refirió que es "la segunda oportunidad en la que nos presentamos para tener acceso al expediente de los que están intentando imputar a los hermanos y hermanas del Tercer Malón de la Paz".

La letrada calificó como "bochornosa" la investigación y rechazó tajantemente el presunto delito por el cual son investigados los manifestantes.

"Los fiscales buscan con estas acciones entorpecer el proceso, criminalizar a los referentes de las comunidades como una forma de callar al pueblo el cual contesta con más adhesión para quienes protestan", refirió por su parte Silvana Llañes, otra de las abogadas del colectivo.

Fuente: Télam