El arsenal iba disimulado en bolsos con el rótulo "guantes". Como anticipó un prestigioso medio, coinciden números de lote con Fabricaciones Militares.

El Gobierno amplió la denuncia por contrabando agravado y anexó a la causa judicial documentación recolectada tras los hallazgos en Bolivia de parte del arsenal que provino desde Argentina en noviembre de 2019, y fue adquirido a Fabricaciones Militares por Gendarmería, a través del Ministerio de Seguridad que comendaba Patricia Bullrich.

Por eso, ante el juez Javier López Biscayart presentaron las fotografías sobre el material encontrado en el depósito de la policía boliviana y confirmaron los datos informados por diferentes medios respecto a la coincidencia de lotes con los adquiridos en 2018 por Gendarmería. La cuestión es central porque confirmaría el origen inequívoco de las municiones.

En tanto, el Ministerio de Defensa finalmente aportó los listados de la tripulación de 7 miembros y los tres pilotos que acompañaron la misión del Hércules C-130 el 12 de noviembre de 2019 y sumó que para los registros nunca existió la carga “adicional” de 70 mil postas de goma antitumulto, cuya solicitud a la Agencia Nacional de Materiales Controlados había hecho la Gendarmería ese mismo día. Ingresaron disimuladas en bolsos rotulados como “guantes”, con el objetivo de ocultar su real contenido.

El Gobierno, en su ampliación conjunta, incorporó 15 pruebas documentales y solicitó cinco medidas adicionales de prueba a las adoptadas por López Biscayart. A lo largo de más de 40 carillas, a las que pudo acceder un prestigioso medio, se resaltó que “la gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades de control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal -el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri- y altos funcionarios de su gabinete”. Se abre así, tal como lo adelantaron, un capítulo clave de la investigación: el de Aduanas. Porque es allí donde se perfeccionó la maniobra administrativa que forma parte de la prueba del delito investigado hasta el momento como contrabando agravado.

Sin embargo, y desde Defensa surgió un elemento nuevo: en una carta, el jefe del Grupo “Alacrán”, Fabián Manuel Salas le hizo saber al comandante de la Fuerza Aérea que había una “carga extra” que iba a ser embarcada junto a la misión con destino a Bolivia. En la escala de responsabilidades, el jefe de esa fuerza tomó conocimiento y por ende debió haberlo elevado hacia su superior político, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el Presidente de la Nación. A la fecha, Mauricio Macri.

“Esta nota evidencia que el Ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio Ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, 'el vuelo fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal'”, indicó el escrito ingresado anoche, luego de que fuera firmado por el titular de Justicia Martín Soria, de Seguridad Sabina Frederic y por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La ampliación responde también otro interrogante. ¿Quién estuvo a cargo del desembarco del arsenal en La Paz? De acuerdo a Defensa, el informe del Agregado Naval puso en escena a un comandante de la Gendarmería Nacional, Adolfo Héctor Caliba, quien “se encontraba a cargo” de la recepción del material que transportaba el Hércules C-130. Ese mismo Comandante –según indica la presentación- "informó a través de una comunicación oficial enviada el 17 de noviembre al entonces Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde 'el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar a cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock'”.

Esa supuesta reunión ocurrió 4 días después del desembarco, ocurrido en la madrugada del 13 de noviembre y la interpretación oficial es que parece un “intento desincriminatorio” por parte de uno de los partícipes de la operación que simulaba un eventual acto de colaboración con las fuerzas bolivianas atento a una situación de emergencia que manifestaban. Si en realidad el embarque se despachó desde la pista en la misma madrugada, tenía como objeto disimular algo que ya había ocurrido por fuera de la ley.

“En cualquier caso, se trata de la primera documentación oficial en donde se plasma la intención de la Policía Boliviana de obtener material represivo por parte de fuerzas armadas o de seguridad de otros países; y, también, el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas”, indicó el escrito.

La documentación incorporada en los anexos hace referencia a los 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol. Todo ese material fue fabricado por Fabricaciones Militares en Argentina.