La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos – integrada por organizaciones sociales, políticas y sindicales- presentó este miércoles en el Congreso un informe lapidario informe de violación a los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy. El informe confirmó que no sólo Milagro Sala es una presa política sino que distintos sectores padecen una situación de mucha gravedad.

Encabezaron la presentación los abogados y miembros de la Comisión Jose Luis Fuentes y Sergio Jobs, la directora de Derechos de los Pueblos de ATE – CTAA Nacional, María José Cano, el dirigente social Juan Grabois y Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Del 13 al 15 de julio, la Comisión receptó testimonios y denuncias de las más variadas violaciones a los derechos humanos del gobierno de Gerardo Morales: violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna.

En la presentación, Sergio Jobs explicó: “Recibimos denuncias de detenciones con torturas en el marco de una movilización donde se pedían alimentos para comedores y merenderos”. Y agregó que una de las detenidas estaba embarazada y la policía la hizo abortar. Con respecto a este episodio, el informe detalla: “Cuando las subieron a los golpes a la camioneta, se les avisó a los uniformados que una de ellas estaba embarazada para que cesaran. Esto no ocurrió, todo lo contrario» «Así que está embarazada, la vamos a hacer abortar…”, le contestaron, y la golpearon estando esposada. Fueron desnudadas, les hicieron hacer sentadillas con un varón presente, abiertas de piernas, sin ropa interior por varios días, y les quitaron sus lentes lo que les impedía ver. La víctima terminó perdiendo su embarazo”.

Por su parte, José Luis Fuentes explicó que muchas de las denuncias recibidas tienen que ver con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y el despojo de tierras. “Directamente están relacionadas a facilitar la radicación de proyectos extractivos de litio y cannabis medicinal”.

En este sentido explicó que las instituciones jujeñas que deberían defender los derechos de los pueblos originarios retrasan los procesos de seguridad jurídica para que no puedan defender el territorio frente al avance de los proyectos extractivos.

Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pidió a todos los organismos de derechos humanos que se comprometan con la causa y aseguró: “Yo lo que vi es un estado de excepción absoluto donde se violan todas las garantías de la Constitución provincial y nacional”.

Finalmente, Juan Grabois definió al gobierno de Jujuy como “narcorepublica de Gerardo Morales, con estado de excepción permanente”. Y sostuvo que “garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica son los tres elementos que explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión. Por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune. Por qué se persigue a los movimientos sociales y partidos de izquierda para callar cualquier voz, por qué destruyen cualquier personalidad pública que intente tener una voz firme”.

“Todo esto tiene un sentido, Morales lo hace porque Jujuy es la profundización de un modelo de extracción sin distribución-gregó Grabois-. Extracción del litio, otros minerales y el cannabis”.

En la presentación también estuvieron presentes los diputados nacionales del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Verónica Caliva, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Itai Hagman; y del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Romina del Plá, Alejandro Vilca. Además del senador nacional Guillermo Snopek, la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti en tanto la abogada y ex diputada provincial Alejandra Cejas y Nora Cortiñas enviaron sus palabras de apoyo.

Fuente: Tiempo Argentino