Los reclamos, que se iniciaron por parte de los docentes y a los que se sumaron múltiples sectores de la sociedad, llevan 22 días de manera ininterrumpida en el distrito.

En medio de esta situación, esta mañana mujeres residentes en la Quiaca tomaron la decisión de escenificar una crucifixión colectiva en cercanías al corte de ruta que mantienen manifestantes en el ingreso a esta localidad, ubicada en el extremo norte de Argentina.

Los pobladores puneños fueron los primeros en avanzar con el corte de la ruta 9 durante la noche del jueves 15 de junio, tras una multitudinaria marcha de antorchas en la que resolvieron permanecer de manera indefinida sobre la calzada durante toda la noche, soportando incluso temperaturas de hasta 10 grados bajo cero

Desde ese momento mantienen una carpa docente emplazada con rústicos materiales y cartones para soportar las heladas y ráfagas de viento en una zona totalmente descampada hacia los costados del corredor vial.

Así permanecen avivando el foguero que sirve para preparar la comida, pero también para acrecentar un poco la temperatura, relató a Télam Silvia Martínez, periodista jujeña y activista por los derechos humanos.

En estas protestas, también participan integrantes de las organizaciones sociales, quienes prestan servicios y ayudan a los manifestantes con controles de salud y otros aspectos que facilitan la permanencia en el corte.

“Estamos en el corte de ruta, no por migajas, ni bolsas de mercaderías, ni terrenitos. Mis convicciones son profundas en oposición a la explotación del litio y por como arrasa el gobernador Morales en complicidad de las multinacionales”, refirió una comunera de la localidad vecina de Sansana.

A estas acciones directas se sumaron al menos 40 comunidades indígenas de los departamentos de Yavi y Santa Catalina que, de manera conjunta, elaboraron un documento sobre el proceso y aprobación de la Constitución provincial, la cual se rechazó rotundamente.

La misiva, que se le enviará al presidente Alberto Fernández, advierte sobre la sanción y promulgación de una reforma de la Carta Magna que se realizó “sin cumplir con la participación, consulta y consentimiento” de las comunidades indígenas.

“La posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupamos según el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, se ven vulnerados cuando la titularidad del dominio recae exclusivamente en la potestad del estado provincial, según el artículo 68 inciso 1 de la constitución reformada”, plantean y denuncian la violencia institucional ejercida por el gobierno jujeño.

En ese sentido, afirman que la violencia no es sólo “física", sino también "simbólica, encubierta en persecución, amenazas, despidos injustificados, falacias y hostigamientos constantes a referentes, portavoces y presidentes de comunidades” que a veces se vale de la "creación de falsas causas penales contra los que protestan".

Finalmente, insistieron reclamar la “intervención federal a la provincia de Jujuy y la declaración de inconstitucionalidad de esta funesta reforma parcial de nuestra Constitución provincial".

"Exigimos acciones inmediatas en nuestro carácter de comunidades indígenas preexistentes, que colaboraron con sangre a la construcción de esta nación, hecho que aún no se nos ha resarcido ni con el derecho de ser nosotros mismos en nuestro territorio”, puntualiza el documento.

Fuente: Télam